José Manuel Ramírez, presidente de la asociación de directores y gerentes de servicios sociales y del Observatorio Estatal de Dependencia, señala que se necesitarán varias legislaturas para alcanzar la media nacional.
La desidia y la impericia de los responsables de la administración canaria explican, a juicio del presidente del Observatorio Estatal de Dependencia, José Manuel Ramírez, la situación de las islas en los últimos lugares en cuanto a esta prestación: “Se ha producido un desarrollo raquítico e inmisericorde, siendo el peor sistema de atención a la dependencia de todas las comunidades autónomas”.
Señala que en Canarias se invierte unos 95 euros por persona dependiente, frente a las 368 del País Vasco y achaca parte de la responsabilidad a la anterior consejera de Asuntos Sociales, Cristina Valido, por decidir limitar las valoraciones para evitar el reconocimiento de las prestaciones. Asimismo, menciona la “mala suerte” de contar con una consejera como Inés Rojas que, a juicio de Ramírez, “ha hecho que a Canarias le queden muchos años. Ni siquiera este gobierno podrá llegar a la media nacional, pues se necesitarán dos legislaturas”.
Una marginación más
Uno de los efectos del retraso en los reconocimientos es que al menos 5000 personas en las islas no van a ser vacunadas entre los grandes dependientes porque no han sido valoradas. Le consta que el Gobierno canario está buscando fórmulas, “pero estas son las consecuencias de hacer trampas en las valoraciones. Es una marginación más”.
Afirma que, sin embargo, en el año 2020, en plena pandemia, Canarias ha sido la cuarta comunidad que más ha crecido en beneficiarios: “Son brotes verdes muy pequeñitos, porque a ese ritmo se necesitarían doce años para ponerse en la media, y si algo no tienen los dependientes es tiempo”. En cualquier caso valora el esfuerzo del nuevo gobierno “pero eso no quita que tenga más de 8000 personas en lista de espera de resolución y 16.000 en espera de reconocimiento”.
Seguimiento de la aplicación de la Ley
El Observatorio Estatal de Dependencia se creó en el año 2006 tras la aprobación de la Ley de Dependencia para el análisis de la implantación de la norma. Está formado por expertos de distintas comunidades autónomas y todos los años publica el dictamen con el seguimiento de la aplicación de la ley.
Ramírez señala que en su primera fase de aplicación de la ley reinó el “desconcierto”. A esta le siguió una época de desarrollo muy intenso que se frenó por los recortes del año 2012. Tras el nuevo impulso de los años 2015-16 llegó el “año catastrófico” de 2020 a causa de los efectos de la covid-19.
Afirma que en este devenir, el saldo es que el Estado solo aporta el 18% de la financiación, cuando le corresponde el 50%. En los presupuestos generales recientemente aprobados se ha establecido una partida de 623 millones, que siendo una cantidad importante, “no cubre los más de 6000 millones dejados de invertir por los recortes”.
Cuatro veces menos probabilidades
Señala que las distintas fases por las que ha pasado la aplicación de la ley ha sido desigual en las distintas comunidades autónomas. Así, en el caso de Castilla-León hace varios años que apenas tiene lista de espera y el 4% de la población tiene una prestación, mientras que en Canarias no llega al 1%: “Es decir, en Canarias tiene cuatro veces menos probabilidades de ser atendidas”. Afirma que se ha usado la falta de financiación estatal como “coartada”, “pero los recortes afectan a todas las comunidades autónomas”.
Considera que Canarias tiene que cambiar esta estrategia “por todos los medios”, algo para lo que, a su juicio, deben colaborar todas las instituciones públicas con la ayuda de la administración general del Estado.