Rafael Yanes señala que otras comunidades autónomas, con similar población, multiplican por diez el número de personas dedicadas a la evaluación y la tramitación de las ayudas.
El diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes, ha puesto en marcha un estudio comparado, entre las distintas comunidades autónomas, para entender el retraso que sufren las islas en la evaluación y resolución de los expedientes sobre la dependencia.
Recuerda que el 20% del total de las quejas que le presenta la ciudadanía se refieren a esta materia debido al “sistemático incumplimiento de lo establecido en la ley”, que fija en 180 días el tiempo máximo para la resolución definitiva de los expedientes y en Canarias “no se respeta”.
900 días de demora
Por ese motivo, se ha dirigido por carta a sus homólogos en otras comunidades autónomas para recabar datos sobre la gestión de la dependencia en los distintos territorios y así “averiguar las razones de porqué aquí se tarda más de 900 días y en otras comunidades algo más de 100”. Señala que el estudio debe comparar los medios materiales y humanos que se disponen en cada comunidad, máxime cuando se sabe que en Canarias hay 90 personas dedicadas a la tramitación de estos expedientes y en otras comunidades, con población similar, hay cientos. Concretamente, Canarias dispone de 64 valoradores, mientras que Castilla y León cuenta con 800 y Galicia, con menos habitantes, 600.
Afirma que la situación de la dependencia en Canarias es “tan mala” que oculta la mala situación de otras prestaciones, como la de la discapacidad, cuyo plazo de resolución fijado por ley es de 90 días y, en la realidad, se demora hasta dos años.
Déficit en vivienda
No menos preocupante es la situación de la vivienda, en particular como respuesta a los desahucios. Yanes entiende que la única solución es que las administraciones públicas dispongan de un parque de vivienda de las que puedan disponer.
Recuerda que, desde los años noventa se han venido aprobando decretos por los que se vendió vivienda pública a los inquilinos “sin tener en cuenta que había que construir otras tantas”. De esta manera, Canarias ha ido acumulando años sin construir nueva vivienda pública.
Insolidaridad con los menores inmigrantes
Sobre la situación de los menores migrantes acogidos por la Comunidad canaria,Yanes señala que el año 2020 ha observado un importante crecimiento en la llegada irregular de personas procedentes de África, muchos de los cuales fueron menores, hasta alcanzar la cifra de 2700. Considera “comprensible” que el Gobierno se viera desbordado en su atención, motivo por el que se dirigió a los otros defensores del pueblo de las distintas comunidades autónomas para que pidieran a los distintos gobiernos que se solidarizaran con la situación, pero solo se ofrecieron a acoger a 15 de los 2700 menores: “Pero se pusieron de acuerdo inmediatamente para el reparto del dinero de los fondos de ayuda. Es lamentable”.