Su presidente, Manuel Padrón, afirma que la actual redacción de la modificación a la normativa favorece los intereses de Loterías y la ONCE.
El presidente del grupo Juan Padrón, Manuel Padrón, pide un trato justo a los empresarios privados ante la modificación de la ley del juego que pretende llevar a cabo el Parlamento de Canarias.
Señala que el origen de esta modificación es una proposición no de ley presentada hace cuatro años en las que se llamaba a responder a una supuesta alarma social ante la proliferación de salas de juego.
Sin embargo, Manuel Padrón señala que esa problemática nunca ha afectado a Canarias, porque son solo dos las comunidades, Madrid y Murcia, que “han pasado la línea”, ya que la legislación les ha permitido poner salas de juego en cualquier lugar: “Aquí no hay ninguna alarma social, porque está super regulado y hay pocos empresarios”.
Competencia desleal
Padrón ha estado en los últimos meses trabajando con la administración y los grupos parlamentarios para tratar de introducir una enmienda a la modificación de la ley, pero considera que Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE están dando “un empujón tremendo” para evitar que la ley perjudique sus intereses.
Señala que se está dando un trato de favor a estas dos entidades, mientras que al juego privado se le ponen “todo tipo de cortapisas”. Así, señala que la ONCE puede poner máquinas en gasolineras y otros comercios, incluso cerca de lugares frecuentados por menores, “y eso supone un caso de competencia desleal”.
Afirma que por las fechas pre electorales, los partidos adoptan posturas que, tal vez, no adoptarán en otros momentos de la legislatura, pero considera que lo que piden es “razonable”.
Contencioso por el Santa Catalina
Sobre su contencioso por la pérdida de la concesión de explotación del Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Padrón muestra su desgana por tener que recurrir a la justicia por el pago de la jubilación de los empleados a la que se comprometió “bajo presión de unos trileros”. Pide al Ayuntamiento que medie en el asunto para evitar el pago de 240.000 euros.