Tomás Luis Martín Rodríguez, juez titular del juzgado número 3 de Las Palmas de Gran Canaria y encargado de dirigir el proyecto piloto, lamenta la falta de personal pericial que retrasa los procesos.
El Juzgado especializado en la violencia contra la infancia y la adolescencia ha mostrado en su memoria anual 2022 el éxito del proyecto puesto en marcha hace ahora más de dos años, según señala su titular, Tomás Luis Martín Rodríguez.
El juez indica que si bien la experiencia se ha traducido en una importante carga de trabajo, esto se ve compensado porque ha garantizado la consecución del objetivo de la detección precoz de los casos y que el alto número de víctimas que han pasado hayan tenido un trato «humano y normalizado», como demuestran las evaluaciones que se han hecho a los menores y familias que apuntan que no ha sido un momento traumático. Estos datos se han visto respaldados con investigaciones científicas que muestran el ritmo cardíaco y los niveles de estrés durante las declaraciones de los menores.
Martín Rodríguez.señala que se han cambiado totalmente los procesos, desde el trabajo de las fuerzas de seguridad a la coordinación con otras administraciones, para buscar que la investigación sea lo más completa posible. Así, se ha cambiado la típica sala de declaraciones, separada en dos estancias con un cristal unidireccional, por una de dos estancias conectadas telemáticamente y decoradas como un espacio lúdico que garantiza el bienestar de la víctima durante el proceso de declaración, «y se ha mostrado en estos dos años que era la opción adecuada».
Justicia rápida a pesar de las carencias
El juez titular señala que en estos dos años de experiencia se han conseguido buenos ratios en el tiempo de sustanciación de los expedientes, dentro del contexto de falta de recursos humanos de toda la administración de justicia.
Señala que se toma declaración a la víctima en menos de una semana desde que se producen los hechos delictivos, aunque las pruebas periciales se dilatan por la falta de psicólogos y trabajadores sociales, cuyo aumento es «una demanda permanente». Pone de relieve el compromiso de todos los profesionales, destacando el caso de dos médicas forenses que hicieron guardia todos los días sin remuneración adicional.