El economista y asesor fiscal considera también que los casos corruptos que estamos viendo son “la punta de un iceberg” y que la corrupción puede dañar irreparablemente el sistema
El economista Francisco Fernández de Pedro, quien ha descrito con un “¡Bufff, no sé cómo empezar!” la situación de corrupción que afecta a las instituciones y entidades nacionales donde ha gobernado o ‘gestionado’ el Partido Popular, considera que “lo que estamos viendo cada día puede ser la punta de un iceberg” que, asegura, “va a afectar a las expectativas empresariales” porque la corrupción “es un determinante fundamental en cualquier sistema”.
Sin embargo, que España sea miembro de la Unión Europea, “a la que aporta muchos valores”, sería una garantía de que “el proceso económico español tenga una cierta consolidación a medio plazo, le vaya mejor o peor”. Lo que le parece “realmente grave” al economista, es lo sucedido “en las últimas elecciones francesas” —en la que los dos partidos que pasaron a segunda vuelta incluían en su programa una revisión del papel de la UE, su pertenencia a la misma y del euro— porque “un desmembramiento de la UE supondría la desaparición de la moneda única, que para España es vital, y de los fondos estructurales”.
Fernández, que sitúa el origen del crecimiento macroeconómico que defiende el Gobierno “en las exportaciones, tradicionalmente deficitarias” que están pudiendo ser competitivas porque “los costos salariales son muy bajos”, reconoce que “la ausencia de consumo interno” debida a esta circunstancia condiciona que “la gente no vea mejoras en su economía” y que “las expectativas de futuro no sean buenas” en este aspecto.
“El imperio romano cayó por la corrupción”, recordó Fernández de Pedro para señalar cómo esta “puede acabar con el sistema” haciéndolo insostenible al inhibir las inversiones por la falta de expectativas de negocio. La ‘suerte’ para España, continuó, es que otros países —“Reino Unido con el brexit; México; Turquía; EEUU…”— están ofreciendo igual inseguridad a los empresarios “que van a tener que elegir” dónde invierten.
Impuesto de sucesiones
En clave local, el también asesor fiscal se preguntó si el de sucesiones “es un impuesto que debe existir” porque “no grava al muerto, sino al heredero”, por lo que no grava dos veces “como se ha dicho, esto no es cierto”. Lo que pasa, según Fernández, es que “estamos en un Estado de las Autonomías tan kafkiano que cada región tiene capacidad para determinar la tributación o no por este impuesto” generando desconcierto en la ciudadanía, situación que revertiría si el impuesto “se tratara en función de los bienes que se transfieren de padres a hijos”.
Que haya un impuesto que grave la transmisión “me parece razonable, con un mínimo exento alto”, dijo, “pero no es lo mismo que un padre transfiera una empresa por valor de cinco millones en la Bolsa de Nueva York; no se puede tratar a todos igual”. Igualmente, le parece descabellado que “no tribute un señor de Madrid y uno de Andalucía sí”, pero aprueba la bonificación del Gobierno de Canarias.
La sociedad de inversión de capital variable (SICAV)
“La SICAV es un mecanismo de ahorro que tributa al 1% en lugar del 40 o 50% y exige un capital mínimo de 6 millones de euros”, prosiguió el economista, pero “los que quieren ahorrar 500 euros tienen una alternativa idéntica de tributación, que es el Fondo de Inversión Mobiliaria”, por lo que la existencia de las SICAV “no es algo perjudicial para las rentas más pequeñas”.
La diferencia entre una y otra, explicó, “es que la SICAV la puedo gestionar yo, mientras que el FIM lo gestiona un banco”. El problema es que “muchos grupos, vulnerando la norma de que las SICAV estén compuesta por un mínimo de 100 socios, se han inventado los famosos mariachis” para ocultar que, en realidad, está compuesta sólo por dos o tres personas. El mal uso de este mecanismo sí requiere de una regulación, “que actúen las autoridades administrativas y hagan cumplir todos los requisitos” exigidos, según Fernández.
RIC y alquiler vacacional
“La materialización de la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC) va a ser válida para aquellas personas físicas o jurídicas que se dediquen al alquiler vacacional”, aseguró De Pedro, con independencia de que sea una actividad “perniciosa” para cierta parte del sector turístico, que la ha calificado de «competencia desleal» y está forzando al Gobierno de Canarias a inadmitirla.
La RIC se inventó fundamentalmente “para que el empresario que invierte en Canarias tribute menos por sus impuestos” y estimular la actividad empresarial, “pero se han colado actividades que eran meramente de arrendamiento”. Fernández entiende que, para considerarla actividad empresarial y entrar en la RIC, el sector del alquiler vacacional debería “dar los servicios colaterales que se dan en cualquier actividad turística: limpieza, mantenimiento, desayunos…”.
En cuanto a la inspección de los establecimientos de alquiler vacacional con la que ha advertido el Gobierno de Canarias a pesar de no disponer de personal para ello, Fernández recordó que “la RIC es una competencia del Estado, no de la Comunidad Autónoma”, a pesar de lo cual admite que “es difícil y muy complicado hacer un seguimiento de tantas unidades alojativas”.
Para finalizar, Francisco Fernández de Pedro resolvió las dudas de los oyentes de El Espejo Canario que se tocaron en La entrevista del día.