Carmen Pérez de Ontiveros, catedrática de Derecho Civil y jefa de inspección de servicios de la universidad, detalla los retos a los que se enfrenta desde esta área.
El servicio de inspección de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una pieza clave del engranaje de la institución de enseñanza, pues su cometido es vigilar que todos los servicios presten la función que tienen encomendada.
Así lo explica Carmen Pérez de Ontiveros, catedrática de Derecho Civil y jefa de inspección de servicios de la universidad, que asume este reto al servicio de “la universidad y la comunidad canaria en general”.
Señala que el servicio sirve de apoyo al rector para corregir disfunciones que se aprecien en la prestación de los servicios de la institución. Máxime en un contexto de continuo crecimiento de la universidad, lo que la convierte en un órgano complejo.
El servicio cuenta actualmente con dos personas, la directora y un profesor-inspector, más una persona en administración. Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede poner una queja, a partir de la cual se abre una instrucción de carácter administrativa orientada hacia la averiguación y que no descarta pedir comparecencias y hacer citaciones. Actualmente, señala Pérez de Ontiveros, investigan asuntos como el acoso laboral, cuestiones de disciplina académica, irregularidades en exámenes e incumplimiento de algún profesor.
Sometimiento a la normativa
El servicio está sometido al reglamento general de la universidad y los reglamentos específicos que puedan haber en áreas concretas. A esto se suma el plan que aprueba el rectorado. Uno de los retos es, precisamente, actualizar el reglamento, que data del año 2003, aunque fue modificado en 2009: “Uno de los objetivos es adecuar este reglamento a los nuevos estatutos de la universidad”, una tarea que quiere acometer de forma inmediata.