→ «Hay que distinguir al pequeño y al gran propietario, porque no se puede tratar a todos por igual» → «El dinero la vivienda vacacional se queda en Canarias y no se va a ningún tour operador» → «Lo que ha pretendido el Gobierno canario es dar un hachazo al sector»
Javier Valentín, vicepresidente y asesor jurídico de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, afirma que ha sido el propio Gobierno canario el que ha creado el «efecto llamada» en el alquiler vacacional, anunciando el anteproyecto de ley sin incluir, al mismo tiempo, una moratoria.
«Una locura» de inscripciones
«Sin lugar a dudas ha habido un efecto llamada», afirma Valentín, que señala que el número de inscripciones ha sido «una locura» desde que se anunció el anteproyecto, algo que ya advirtió al ejecutivo. El representante de los pequeños propietarios duda si la intención no era, precisamente, crear este incremento de número de viviendas vacacionales para después «dar un hachazo» al sector.
La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional ha presentado hasta catorce propuestas a la ley, entre las que se incluye el establecimiento de una moratoria de un año, para que los distintos ayuntamientos puedan estudiar los casos en sus municipios. Asimismo, piden sacar del registro a las viviendas vacacionales «fantasma», de propietarios que se han registrado «por si acaso» la futura ley les impide la actividad.
Viviendas de protección oficial
Afirma estar de acuerdo con que no se pueda dedicar una vivienda de protección oficial a esta actividad, como ha afirmado la consejera de Turismo del Gobierno canario, Jessica de León, pero señala que ni la propia consejera sabe cuál es el número de este tipo de viviendas afectadas y «a lo mejor estamos levantando una bandera» contra un problema casi inexistente. En cualquier caso, indica que si se han podido destinar esas viviendas al alquiler vacacional ha sido porque la regulación del año 2015 así lo permitía.
Pequeños y grandes tenedores
Indica que es preciso que la ley distinta entre los grandes tenedores, que constituyen aproximadamente un 40% de la actividad, y los restantes pequeños propietarios, que no poseen más de cinco viviendas.
Se muestra particularmente contrario a que los «pseudo hoteles» puedan estar acogidos a la ley del alquiler vacacional, cuando, a su juicio, se trata de actividades que deberían caer bajo la tipología de un hotel y regularse por las normas de esa actividad.