El alcalde de La Laguna está convencido de que actuó conforme a la legalidad y de que fue un "modelo de resolución de problemas" en tiempos de crisis.
José Alberto Díaz aplaude la comparecencia parlamentaria a petición propia del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, para responder a "hipotéticas dudas", pero considera que "dará igual lo que digamos" habida cuenta de que se trata de una "acusación política", como lo demuestra el hecho de que "los actores que han presentado la demanda apoyaron los temas que han denunciado en los juzgados".
Díaz esta siendo investigado en el denominado Caso Grúas, aunque no sabe exactamente qué se le imputa. Recuerda que en momentos de crisis, como la de los años de 2009 y 2010, la empresa concesionaria del servicio de grúas observó una importante disminución de ingresos y lo notificó al Ayuntamiento por la desproporción entre las exigencias de los pliegos de condiciones y el dinero que ingresaban por coches retirados. El Ayuntamiento, para garantizar la prestación, hizo una intervención del servicio, "no de la empresa". Por ese motivo, encargaron a dos funcionarios la administración de la empresa sin que ésta se opusiera. Díaz recuerda que el interventor municipal no se opuso a esta actuación.
"Santiago Pérez estuvo a favor"
A continuación, los interventores de la empresa de grúas pidieron recursos al Ayuntamiento para pagar salarios y gasolina. El alcalde recuerda que, en un primer momento se pensó en anticipar a la empresa el dinero que se paga por la retirada de los vehículos, pero el interventor municipal "nos dijo que no cabe un anticipo de caja, en todo caso un préstamo". Ante las dudas, el grupo de gobierno municipio pidió un informe a la Universidad de la Laguna, conforme al cual se propuso un préstamo de 120.000 euros con intereses: "La empresa aceptó los términos del préstamo y tardó cuatro meses en devolver el dinero".
Díaz recuerda que se llevó al pleno un acuerdo de modificación presupuestaria para hacer frente al crédito y que este se aprobó por mayoría. Señala que Santiago Pérez, uno de los concejales denunciantes "estuvo a favor del préstamo y dijo que era razonable levantar el reparo de la intervención por ser un caso singular".
José Alberto Díaz no entra en valoraciones sobre la actuación judicial, pero está "convencido" de que actuó "conforme a la legalidad" y que el procedimiento "fue un modelo de resolución de problemas en tiempos de crisis. Tengo la cabeza bien alta".