El consejero insular de Bienestar Social e Inclusión se muestra satisfecho de los importantes avances en la atención a la dependencia.
El consejero insular de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, considera que el escudo social es una prioridad para el actual grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote. A este respecto, se muestra satisfecho de haber sacado a licitación, por dieciocho millones de euros, la residencia para personas mayores de la isla.
Recuerda que el anterior gobierno insular, de Coalición Canaria, dejó este proyecto preparado y, durante cuatro años, bajo el mandato socialista, «no se hizo nada», llegando al caso de tener que devolver una subvención de seis millones al Gobierno canario.
Situaciones de extrema necesidad
Asimismo, este mismo viernes, el Cabildo ha firmado la quinta adenda al convenio de la dependencia, lo que garantiza los pagos del ejercicio de 2023 y el sostenimiento durante el año 2024.
Indica que hay unas trescientas personas en lista de espera de dependencia, pero recuerda que se ha conseguido bajar de 900 a 600 días en la tramitación de la dependencia, «lo cual es un logro del Gobierno de Fernando Clavijo».
Acuña señala que, en todas las sociedades hay desigualdades, «y en Lanzarote se ven situaciones de extrema necesidad y exclusión social, aunque no se puede hablar de que en la isla haya personas que pasen hambre».
La gestión de la inmigración
Acuña señala que uno de los principales problemas de la isla es la ingente llegada de menores inmigrantes, cifras «demoledoras y de récord». Recuerda que el año pasado llegaron cerca de mil menores, un veinticinco más que el año anterior.
Actualmente se atienden diariamente a unos trescientos menores y Acuña considera preciso cambiar la Ley del Menor «para que haya un reparto equitativo y justo entre todas las comunidades autónomas».
Asimismo, entiende que la inmigración no se puede resolver en base a macrocentros, porque «Canarias no se puede convertir en una cárcel», ya que «el destino de los inmigrantes no es Lanzarote ni Canarias». Entiende que si hay un macrocentro en la isla habrá una retención de esas personas en esos espacios y, a este respecto, considera que el Estado no está siendo «demasiado sensible con esta tierra canaria».