La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, afirma que su intención es extender la renta ciudadana de emergencia coyuntural a unas 21.000 familias, lo que supone triplicar el número de las que, en la actualidad, tienen acceso a la Percepción Canaria de Inserción (PCI).
Santana afirma que la prioridad en estos momentos es la emergencia sanitaria, "pero a la par hay que combatir las consecuencias económicas y sociales" en una comunidad que, como la Canarias, ya estaba "fuertemente golpeada por la pobreza y desigualdad, con un 40% en riesgo de pobreza". Subraya que en situaciones excepcionales "hay que tomar medidas excepcionales" como simplificar los trámites para que las personas que lo necesiten puedan acceder a unos recursos mínimos.
Señala que para esta renta ciudadana la Consejería dispone de cien millones de euros, cuarenta procedentes de la PCI y otros sesenta de otras partidas, a lo que se podría sumar alguna cantidad procedente de las transferencias del Estado. Se muestra favorable a la posibilidad de usar el superávit presupuestario para ese fin "y así lo hemos hecho saber".
Puntualiza que, en cualquier caso, se trata de una medida coyuntural que beneficiará, principalmente, a los que ya están tramitando la PCI y aquellas familias que han visto incrementadas sus necesidades por la crisis del coronavirus.
Otros proyectos para combatir la crisis
La consejera enumera los distintos proyectos puestos en marcha por la Consejería ante la emergencia sanitaria, como el adelanto del pago de prestaciones para cuidados en el entorno familiar de personas en situación de dependencias, la aplicación Covida para la atención a las personas mayores y la campaña contra la violencia de género Mascarilla-19.
Traslado de personas mayores
Sobre la posibilidad de habilitar camas en las residencias de mayores para personas que se encuentran ingresadas en centros sanitarios sin requerir cuidados médicos, Santana señala que es algo que se ha venido valorando desde antes de que se declarara el estado de alarma, "porque las camas hospitalarias son más costosas que las no hospitalarias". Asegura que de lo que se trata es de que, si se toma la decisión, sea con todas las garantías: "Son los técnicos y expertos los que deben valorar esa decisión. Lo que tenemos que atender prioritariamente es la crisis sanitaria".
Centros de Menores
La consejera señala que en los centros de menores se observa una relativa tranquilidad durante estos días. En los centros de menores sin medidas judiciales, algunos trabajadores han pedido permiso para hacerse cargo de algunos de los chicos de forma individualizada en sus propios hogares. En centros con medidas judiciales tratan de garantizar la seguridad de los chicos y trabajadores. Reconoce que ha habido alguna situación complicada, lo cual considera normal porque los chicos están más preocupados: "Pero sin ningún incidente de relevancia".