El economista y asesor fiscal se suma al colectivo de expertos que piden al Estado “seguridad jurídica” para evitar la pérdida de empresas y de empleos en Canarias.
El economista y asesor fiscal Orlando Luján discrepa de la secretaria de organización del PSOE y presidenta del grupo parlamentario socialista, Nira Fierro, y entiende que aún es necesario prolongar las medidas económicas extraordinarias para superar la actual coyuntura económica.
Luján afirma que si bien en el año 2022 se está mejor que a finales de 2020, lo cierto es que no se han recuperado las cifras económicas de 2019. Así, los 47.500 millones de PIB canario del 2019 se redujeron a 39.000 en el año 2020 debido a la pandemia de la covid-19. Sin embargo, en 2021 se creció en torno a un 5,5 o 6%, cantidad insuficiente para remontar el 20% perdido en el año anterior.
Señala que, en este contexto, las ayudas a través de los créditos ICO fueron muy importantes para la recuperación, pero entiende que sería necesaria cierta ampliación de los plazos de devolución para atender a todas las circunstancias por las que pueden estar pasando los empresarios y porque considera “muy complicado” que durante 2022 se pueda llegar a las cifras de 2019.
Evitar la inseguridad jurídica
Orlando Luján, que es delegado del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha suscrito recientemente un documento en el que pide al Estado que adapte las medidas fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) para “evitar inseguridad jurídica, la pérdida de empresas y, por ende, la pérdida de empleos”.
Luján señala que desde abril de 2020 se está a la espera de que se aclaren y resuelvan temas importantes vinculados con el REF, entre ellos la flexibilización de los plazos para la materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) que, de no producirse, supondría la devolución de importantes cantidades a la Administración, por los autónomos y empresas, que no llegarían a invertirse en el Archipiélago: “Tras la pérdida de más de 6.000 millones de euros en el PIB en el archipiélago” Canarias no se puede permitir la pérdida de inversiones que sostengan el tejido empresarial y el empleo.
En este sentido, Luján explicó que “son muchas las empresas que podrían invertir utilizando mecanismos como la RIC, si se aclarara y adaptara el marco normativo dotándolo de seguridad jurídica y otras podrían dejar de hacerlo si temen acabar discutiendo en los tribunales”. Y, añade Luján, “aunque los jueces le puedan finalmente dar la razón al empresario, pueden pasar más de diez años para ello”.
Reglas claras para evitar “palos”
Para el economista es fundamental la claridad de las normas, “saber cuáles son las reglas para evitar llevarse un palo cuando uno creía que estaba actuando bien”. Señala que, en Canarias, es habitual que esos asuntos se resuelvan a través de los tribunales de justicia ocho o nueve años después, “lo cual es una injusticia”.
Afirma que ese no puede ser el mecanismo de resolución porque desincentiva la inversión, algo que, a su juicio, se podría resolver mediante un instrumento de seguimiento de los incentivos fiscales que corrija los errores en su aplicación.