Hablamos con Blas Padilla, portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas en Gran Canaria.
Padilla tacha de "insulto a la inteligencia" el anuncio de que el Gobierno eximirá del IRPF a los jubilados cuyos ingresos sean inferiores a 17.000 euros anuales: "Lo que intentan es que se acaben las movilizaciones, pero de las calles no vamos a salir". Asegura que esa medida solo afecta a un 10% de los pensionistas canarios porque "ahora mismo un 75% de los pensionistas no paga IRPF". Señala que con medidas así se intenta "crear una brecha entre pensionistas pobres, al borde del umbral de la pobreza, y los que cobran pensiones más altas. Pero no se soluciona el problema de la pobreza".
Para este activista de 71 años de edad, el problema de las pensiones no se puede abordar desde una perspectiva exclusivamente económica, porque hay implicado un problema de "producción": "Los ingresos son menores que hace diez años, a pesar de que la producción es mayor".
Señala que nunca imaginó tener que luchar por las pensiones, aunque nunca descartó seguir movilizándose porque "hay muchos motivos para luchar", como la Ley del Suelo. Considera que esta lucha "en la calle" es irrenunciable porque el pleno monográfico sobre las pensiones "fue el pìstoletazo de la campaña electoral para todos los partidos, que son todos electoralistas, y ninguno habló de la derogación de las reformas laborales". Por este motivo descarta constituirse en un partido político: "En las instituciones no vamos a ganar nada, lo vamos a ganar en la calle".
Se muestra favorable al impuesto a la banca, "pero que antes devuelvan lo que se les prestó", afirma. De la misma manera, denuncia que tan solo veinticuatro horas después del debate "le dieron 500 millones a una autopista, y a las 48 horas nos enteremos que se perderán 4000 millones porque Montoro no ha hecho unos trámites o que se darán 10.000 millones para carros de combate que solo sirven para desfiles. Estamos hablando de un montón de dinero que se pierde".
Asegura que los pensionistas no aceptan "limosnas", por eso no se conforman con el incremento del IPC: "Estamos hablando de la Carta Social Europea, que dice que ninguna persona debe cobrar menos de 1.080 euros. Ese es el umbral de salida para todas las pensiones". Pero, además, exigen la derogación de las reformas laborales y la vuelta del derecho a la negociación colectiva.
70 activistas
Actualmente, la plataforma cuenta con unos 70 activistas "que hacemos el trabajo para que después salgan miles de personas". Cuando comenzaron, hace un año, eran catorce y ahora esperan que se sumen más a la causa. Asegura que hay que ser "muy militantes y combativos" y hacen un llamamiento a los más jóvenes, que hoy están "más desmovilizados", para que se sumen: "La gente había aceptado que las pensiones eran un fracaso y que iban a desaparecer. Ahora están empezando a tomar conciencia de que si se lucha, se va a conseguir".
Afirma que en las islas menores están comenzado a organizarse los pensionistas, aunque con alguna dificultad, como el caso de Lanzarote en el que "un particular" está convocando movilizaciones "para quemar a la gente haciéndola acudir a concentraciones donde solo van diez personas". Asimismo, denuncia estrategias "para desacreditar a miembros de la plataforma".
El papel del Gobierno de Canarias
Padilla lamenta que en el debate del estado de la nacionalidad no se haya hablado de pensiones "ni de la gente, solo de no-sé-qué-macro-tal". Asegura que en el mes de mayo van "a tocar en la puerta" de Fernando Clavijo para exigirle que haga algo, pues "los gobiernos autónomos pueden paliar esta situación". Afirma que en Navarra ya se tomó la decisión de que ningún pensionista cobrara menos de 1080 euros. "En Canarias tenemos el REF, una herramienta que permite rebajar la fiscalidad de los grandes inversores y que puede permitir que ningún habitante de Canarias cobre menos de 1080".