Rafael Robaina recuerda que la Universidad se encarga de formar a los profesionales que proporcionan los servicios a la sociedad, como ocurre en el caso de la sanidad. Sin embargo, esta tarea se puede ver comprometida y en un "punto de no retorno" cuando la institución educativa no tiene la capacidad de formar a esos profesionales. A su juicio, la capacidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) está "a punto de quebrar" porque, al tratarse de una administración pública, ha estado sometida, durante los últimos seis años, a las mismas restricciones que otras administraciones: "Ahora tenemos que correr muy deprisa para subsanar las tasas de renovación, pero tenemos la sensación de que no es suficiente". Así, señala que en los dos últimos años se han creado 67 plazas, "pero necesitamos más". No se trata solo de dinero, sino de una capacidad "limitada" de gestionar esas contrataciones.
Por este motivo, pide al Gobierno canario que se comprometa a mejorar la financiación de la ULPGC. A su juicio, la Universidad de La Laguna tiene el presupuesto "que tiene que tener, porque eso es lo que cuesta". A este respecto, señala que habla "el mismo idioma" con la consejera de Educación el Gobierno canario, pero reconoce que, "desafortunadamente", el gran ámbito competencial de la Consejería ha hecho que la universidad nunca haya sido la prioridad: "Pero ahora toca".
Unificación de las universidades
Sobre la posibilidad de unificación de las universidades canarias, Robaina recuerda que ya se intentó en el pasado, "pero nuestra idiosincrasia y nuestra conciencia de isla generó la necesidad de una universidad completa en Las Palmas". Estima que ahora "es difícil de borrar" porque cada vez que se ha intentado un ejercicio de coordinación "ha habido problemas".
No obstante, entiende que ambas universidades como complementarias: "Nosotros nos hemos especializado más en tecnología y en ciencias marinas y la Universidad de La Laguna en ciencias astronómicas".
Conflicto en la Universidad
El rector señala que el conflicto es consustancial a la vida de una institución con más de 21.000 estudiantes y más de 3000 empleados. No obstante, afirma que los niveles de conflictividad no son preocupantes y considera no haber encontrado "dramatismo" en el informe del Defensor del Estudiante, sino "cuestiones que se deben subsanar".