El portavoz de XTF-NC en La Laguna y denunciante del 'pelotazo' por el que Miguel Zerolo ha sido condenado a siete años de cárcel, exige que CC pida disculpas a los canarios y alerta de que el Ayuntamiento de Santa Cruz no se está moviendo para recuperar el dinero esquilmado a la ciudad
A día de hoy, “me siento igual que aquel día de 2001 en que, como secretario general de los socialistas de Tenerife, formulé ante el Ayuntamiento un pliego de alegaciones oponiéndome a las condiciones” de la operación urbanística hoy conocida como ‘caso Las Teresitas’ que se ha saldado con la condena, entre otros implicados, de siete años de cárcel a Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife en aquel momento y principal artífice de la venta fraudulenta de los terrenos del frente de playa de la zona, ha dicho a El Espejo Canario el portavoz de Por Tenerife – Nueva Canarias (XTFE-NC), Santiago Pérez, sentimiento que ha resumido con un “sensación del deber cumplido”.
A pesar de las “dilaciones perfectamente orquestadas” para demorar en el tiempo una resolución judicial sobre el caso, Pérez se mostró satisfecho porque el Estado de Derecho haya podido finalmente actuar aunque, en lo personal, haya supuesto para él momentos difíciles como los “editoriales dominicales [en alusión al periódico El Día] contra los que no podía defenderme porque no he tenido poder institucional, económico ni padrinos”. Un domingo, relató, “me encontré el portón de mi casa pintado de rojo”, después de que El Día afirmara que “quien le había robado la playa a Santa Cruz era yo”. “En Tenerife hay una clase dirigente que quiere convencernos del mundo al revés”, continuó, en referencia al lobby político, financiero y mediático que ha estado detrás del pelotazo urbanístico de Las Teresitas.
Igualmente, Pérez piensa que la “estrategia de socavamiento” del Partido Socialista Obrero Español – Partido Socialista Canario (PSOE-PSC) tras su denuncia tuvo mucho que ver en su salida de la secretaría general, y sitúa el detonante “en las denuncias contra alcaldes socialistas por parte de una serie de cargos públicos de Coalición Canaria (CC)”, que “un grupo minoritario muy influyente que está en el PSOE pero no son socialistas” interpretó como una advertencia: “O quitan a Santiago Pérez o esto va a ir in crescendo”.
Convenios urbanísticos, la madre de todas las corruptelas
Respecto a la corrupción, el portavoz de XTF-NC señaló que “tiene que estar en la agenda de la democracia, es una lucha de todos los días” y cree que el principal efecto del caso Las Teresitas es que “una clase gubernativa que en Tenerife esencialmente se llama Coalición Canaria, pero no sólo, empiece a entender que esto no es tierra de nadie ni su finca particular”. Como segundo efecto, y de cara al futuro, Pérez propone que “las potestades que tienen las instituciones en materia urbanística estén debidamente sometidas a Ley, porque es el foco y la madre de todas las corrupciones”, un aprendizaje que debería servir a CC para revisar la nueva Ley del Suelo, en tramitación, “pues pretende retrotraernos a una situación anterior [a la sentencia de Las Teresitas] en la que todas las corruptelas eran posibles” gracias a los convenios urbanísticos entre Administración y particulares. Pérez exigió a CC pedir disculpas a los canarios por haber amparado, como formación y como gobierno, el pelotazo.
Del mismo modo, señaló explícitamente, entre otros, a Mauricio Hayek Hayek —abogado, exasesor jurídico de la Junta de Compensación de Las Teresitas y cerebro de la trama del Valle de las Huertas, pieza por la que fue condenado a tres años y medio de cárcel por apropiación indebida— como “una de las personas que ingeniaron la operación de Las Teresitas y jugó el papel de doble agente”, a quien se podría haber aplicado “un conjunto de pruebas indiciarias” para fundamentar contra él “una sentencia condenatoria también por cohecho”. Rodolfo Núñez (expresidente de CajaCanarias y copresidente del Consejo de Administración de la entidad que aprobó conceder un préstamo por 5.500 millones de pesetas a una sociedad sin constituir), cuyo “incremento patrimonial no supo explicar”, también podría haber sido condenado por cohecho “si se hubiera formulado acusación” contra él.
Por su parte, y respecto a la actuación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tras la demoledora sentencia del caso Las Teresitas, Santiago Pérez afirmó que “desde hace tiempo tendría que estar moviendo todo lo movible para recuperar el dinero” robado a la ciudad, “pagando por unos terrenos” que ya eran suyos “lo que no valían ni de lejos”.
Santiago Pérez alabó el servicio prestado por funcionarios como Pía Oramas (arquitecta municipal que tasó los terrenos de Las Teresitas) o Luisa del Toro (directora técnico jurídica de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento) “que tuvieron que sufrir todo tipo de presiones y vejaciones” y que, sin embargo, “dieron un ejemplo en el que debiéramos mirarnos todas las personas que trabajamos para la Administración pública”. Según Pérez, “ATI-CC” desoye los informes de los técnicos que defienden los intereses generales “y contrata con dinero público informes técnicos externos” que se ajustan mejor a sus intereses especulativos, “unas artimañas que han convertido al caso Las Teresitas en un clásico” de cómo se están haciendo las cosas también en otras instituciones “como el Ayuntamiento de La Laguna, donde me estoy encontrando con este manual de estilo”, concluyó.