La consejera del Gobierno de Canarias analizó la situación de una de las áreas tradicionalmente más controvertidas y 'recortadas' a raíz de la última recesión
La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón Cabrera (Coalición Canaria), inició La Entrevista del Día durante su visita a los estudios de El Espejo Canario en Las Palmas de Gran Canaria (LPGC) señalando, sobre ‘la salud’ del sistema educativo, que “a nadie se le esconde que llevamos unos años convulsos, no sólo en Canarias sino en España” desde el momento en que se aprobó “una ley educativa, la LOMCE, sin el consenso de la comunidad educativa”, cuestión que considera prioritaria “para el éxito de un sistema”.
Esta situación heredada de la anterior legislatura ha supuesto, para Monzón, “un momento de reflexión” para revisar las leyes en esta materia que permita formalizar un pacto de Estado con el fin de “modificar los aspectos que no nos gustaban” en una ley nueva.
La reválida de la ‘ley Wert’, un frenazo
Uno de los aspectos “más sangrantes” que ha arrastrado la LOMCE, el de las reválidas de Bachillerato introducido por la conocida como ‘ley Wert’ que tuvo que dar marcha atrás por la presión “de los alumnos, las familias, el profesorado y doce Comunidades Autónomas que estábamos en contra”, ha condicionado para Monzón el trabajo desarrollado por su área en la Comunidad canaria durante el año y medio de legislatura que lleva en el Gobierno.
Participación de las familias
Respecto a la participación de madres y padres tanto en los centros como en el sistema educativo, asunto en el que se evidencian claras diferencias entre la LOMCE y la Ley Canaria de Educación (LCE), la consejera señaló que “para nosotros es fundamental” la participación de las familias a través de las Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS), “unas organizaciones con una fortaleza y una capacidad de trabajo y de acción” que no se pueden desaprovechar en favor de los equipos directivos del centro o de los Consejos Escolares. Ante la duda de estos sobre qué ley aplicar a los casos particulares a los que se enfrentan, Monzón apeló al “término medio” y a la complicidad de las familias para encontrar juntos las mejores soluciones, como ha ocurrido con el préstamo de libros para las familias desfavorecidas durante los momentos más duros de la crisis económica.
Presupuestos, ¿la clave?
En cuanto al cinco por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) que se debería invertir en Educación, Soledad Monzón recordó que “lo que marca la Ley es alcanzar ese cinco por ciento en 2022” y que, para entonces, “a lo mejor tenemos más” pero que, “de momento, no estamos incumpliendo la Ley”. En cualquier caso, para la consejera lo importante no es un porcentaje sino “disponer de los recursos necesarios para tener una educación de calidad” concluyendo, tras poner varios ejemplos, que “en Educación, todo incremento presupuestario es siempre insuficiente”.
Para el alumnado con necesidades especiales, sea por trastornos o por altas capacidades, la Consejería de Monzón va reduciendo gradualmente la propuesta de proyectos generales para atender las demandas específicas de cada centro “en función de su realidad sociocultural”.
PISA y Canarias
Tras cuestionar la validez del Informe PISA como un referente ‘universal’, la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias defendió observar “la evolución de un sistema frente a unos resultados” estancos que, en el caso canario, ha experimentado un ascenso aunque en competencias no contemplas por PISA como “el inglés o la lectura y escritura”, contextualizándola, gracias a una evaluación continua, a la realidad de cada uno de los centros que permita ‘exportar’ el método de obtención de buenos resultados de unos a otros.
Finalmente, Soledad Monzón respondió a las preguntas de los oyentes remitidas por diferentes vías a El Espejo Canario sobre el tope de matriculaciones o acoso escolar.