El director gerente de Visocan afirma que la solución habitacional debe ser un elemento central del estado del bienestar junto a la sanidad, la educación y las pensiones.
Víctor Nicolás González, director gerente de Visocan, empresa pública de promoción de viviendas protegidas en todo el Archipiélago canario, afirma que esta modalidad de vivienda debe servir como trampolín para acceder al mercado privado, de tal forma que las casas financiadas por las administraciones tengan un carácter rotatorio y sirvan para dar solución a las generaciones venideras.
La vivienda protegida como trampolín
Indica que el modo de trabajo de Visocan consiste en comprar suelo, o bien recibirlo de los ayuntamientos, y planificar qué necesidad de vivienda en régimen privado es necesario. Señala que estas viviendas se destinan a la franja de personas que sin poder acceder a las promociones de vivienda social, tampoco disponen de renta suficiente para comprar en el mercado libre.
Puntualiza que las promociones de Visocan suelen ser un veinte por ciento más baratas que la alternativa libre. A este respecto, considera preciso hacer ver a las familias que la vivienda protegida es un “trampolín” y, si mejora su situación económica, “deberían ir al mercado libre para liberar la vivienda protegida”.
19.000 viviendas en alquiler
Actualmente, el parque de vivienda protegida en alquiler en Canarias alcanza las 19.000 unidades, entre la vivienda social del Instituto Canario de la Vivienda y Visocan. González indica que pueden hacer falta otras 18.000, que es una cantidad importante “que no se podrá resolver ni en dos ni en tres años”. A este respecto, considera que a la vivienda no se le ha dado la importancia que tiene en el estado del bienestar, que es el mismo que el de la sanidad, la educación y las pensiones.
Programa Vivienda Vacía
Para paliar esta situación, Visocan ha puesto en marcha el programa Vivienda Vacía, presentado hace quince días y que ya funciona en otras comunidades. Se trata de una medida intermedia consistente en captar vivienda del mercado privado cuyos propietarios estén dispuestos a cederla en arrendamiento durante siete años a un precio máximo de 500 euros. Estaría destinada a personas con renta entre 12.000 y 32.000 euros anuales, que podrían acceder a alquileres asequibles no mayores al 30% de sus ingresos.