Francisco J. Chavanel
Supongo que los numerosos fans con los que cuenta la Fundación César Manrique de Lanzarote, ese PSOE bendecido por el mesianismo estalinista, ese sentimiento de proteccionismo a los grandes blufs del caso Unión, los “detectives” Stampa y Pamparacuatro, tendrán verdaderos problemas para ver las ramas y el bosque tras la sentencia última que vuelve a condenar a Dimas Martín a siete años de cárcel (¿es Martín el único paradigma de la corrupción en Canarias? ¿No tienen a otros a los que llevar a la cárcel? ¿Es el perfecto idiota que se financia irregularmente con fórmulas que no desarrollan ni practican el resto de los partidos políticos?)… Imagino que habrán respirado tranquilos porque el mal duerme entre rejas mientras el bien está a salvo de desaprensivos.
Pero, ay, la sentencia “triunfante” es un fracaso profundo y doliente por más que la Sección VI dé por bueno un caso sin prueba inicial –ni grabación ni auto de comienzo de la investigación-, circunstancia que sí ha considerado el Tribunal Supremo en el asunto Guateque, donde un juicio con 31 personas sentadas en el banquillo, acusadas por la UCO de todo tipo de indecencias, fue anulado de principio a fin por carecer el Alto Tribunal de la prueba inicial con la que se puso en marcha la investigación: la grabación…
Es un caso muy parecido al de Lanzarote. Está la UCO, con sus particulares métodos radicales donde usurpan poderes de fiscales y jueces para transformarse ellos en la ley, está una visión del Estado de Derecho poco democrática donde las sospechas son pruebas y las pruebas casi nunca son suficientes para demostrar responsabilidades penales.
Pero lo que pase en el Supremo es futuro y, por lo tanto, ciencia ficción, ensoñación, flores a María, un "ya veremos".
El agitado presente nos dice que el fiscal Javier Ródenas –recientemente nombrado fiscal anticorrupción para la provincia oriental- aprovechó la financiación irregular del PIL para intentar conseguir la condena del empresario Juan Francisco Rosa –una obsesión para esa Fiscalía-, no teniendo ni la menor duda moral para utilizar a conveniencia a una hija de Dimas, Elena Martín, funcionaria de Arrecife, para, a través de ella, laminar a su padre, quebrarlo, buscar la forma de convertirlo en un testigo protegido. El delincuente Dimas aguantó las embestidas como un jabato. Le propusieron acuerdos, rebajas de condena, el oro y el moro. Se negó pese a ser amenazado con 17 años de cárcel. Ródenas no logró ni la condena del empresario ni la de la funcionaria. Eso no lo dice la sentencia pero lo vimos los que estuvimos en el juicio.
Su juego, tan infantil como cruel, quedó claro en el juicio. El contrato laboral a Dimas no le eximía del tercer grado, ni la funcionaria tenía opción alguna de influir sobre las contrataciones pues no era su cometido.
Por si fuera poco, ni siquiera el “cantarín” Ubaldo Becerra pudo salvarse. Negoció con la Fiscalía una pena por debajo de los dos años para no acabar en prisión. Lo marearon hasta el final. Lo engañaron. Si lo bajaban de los cuatro años, el caso se quedaría en nada, desaparecería. Antes de eso, prefirieron sacrificar al bailarín: Becerra irá a la cárcel, me temo que por hacer el pato.
En un caso con cuatro cantantes, dos fallecidos, el citado Becerra y Antón Hernández, testigo protegido de la Fiscalía le guste mucho o poco a él, presidente que fue del PIL con Dimas Martín en la cárcel cuando se producen los acontecimientos de financiación irregular que narra el fiscal, denunciado por tres altos cargos del citado partido como el señor que repartía el dinero y las comisiones y que, sin embargo, jamás fue llamado a declarar ni por Stampa, ni por Pamparacuatro. Este programa ha sostenido, y sostiene, que Stampa no lo llamó porque Hernández fue clave en la contratación de su señora como funcionaria del ayuntamiento de Arrecife después de un concurso accidentado.
Es curioso cómo la sentencia trata contenidos que no tienen nada que ver con el juicio. El presidente del tribunal, Emilio Moya Valdés, quien, en el juicio de la primera pieza, declaró que el caso Unión “no es precisamente un modelo de buena instrucción”, dice ahora, sin venir a cuento, que la instrucción de la última juez del caso, Silvia Muñoz, roza la perfección… No lo dudamos. Tan perfecta es doña Silvia que no tuvo problema alguno para declarar en contra de Francisco Javier Chavanel en el juicio provocado por la denuncia en defensa de su honor, Ignacio Stampa, a instancias del propio Stampa, para dejar bien claro que el citado era un modelo profesional y personal. Una joya que no merecía las críticas del periodista… El que una jueza de la talla de Muñoz se preste a estos juegos para salvar la imagen de quien usa el poder indiscriminadamente para salirse con la suya no habla muy bien de su forma de proceder. No es precisamente neutral. Da la impresión de que el corporativismo la mueve y la emociona. Como la Sección VI. El que el tribunal en cuestión reafirme el trabajo de Muñoz sin necesitarlo llama, como mínimo, la atención. Será que precisa aliento y ánimos ante periodistas que se niegan a aplaudir determinados comportamientos.
Lanzarote es lo que es. Una belleza natural dominada por un grupo de cuatreros a la izquierda. Un lugar donde libros son vetados en el siglo XXI, donde se persigue y acosa a artistas que no entran en la ecuación "amigos de César Manrique", donde un Partido Socialista cloaquero y vengativo destroza a sus adversarios, laminando su prestigio.
Si usted les tiene miedo, está muerto. Si usted se les enfrenta, lo pasará mal. Si usted se somete, será su criado. Y lo que le pasa al poder judicial es que es tanta la porquería que hay que ocultar en la instrucción del caso Unión que, si dicen la verdad, se cargan años y años de un montón de gente de buena voluntad borrando pruebas y colocando otras falsas.