Francisco J. Chavanel
La Sala de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife cerró ayer, posiblemente de forma definitiva, el caso TVA, asunto clave y fundamental para entender todo lo que sucedió durante la legislatura pasada, el uso gamberro y carente de cualquier verosimilitud del “caso Grúas” para echar a un gobierno de Coalición Canaria, que no convenía a los intereses caciquiles del propietario de Canarias7, Juan Francisco García González.
La sentencia proclama que la decisión adoptada por parte del presidente del Ente Público, Santiago Negrín, el 22 de marzo de 2018, determinando que el concurso quedara desierto al no cumplir ninguno de los licitantes con las normas del mismo, fue ajustada a derecho, era la única que podía tomarse, quitándole de esta forma cualquier atisbo de razón a la empresa Canarias7, sostén de Videoreport, la cual también ha sido condenada a pagar las costas, lo que evidencia su mala fe en este proceso.
Ese día, el 22 de marzo de 2018, con la decisión del gobierno presidido por Fernando Clavijo de avalar la decisión de Santiago Negrín, comienza a crearse el pacto de las flores, el pacto que actualmente gobierna la región. No fue, pues, un movimiento espontáneo; no fue algo que saliera de las urnas democráticas, sino el resultado de una derrota tan extraordinaria para una empresa que se había embolsado en diez años casi 200 millones de euros públicos, que de ninguna forma aceptaba que aquello que era de todos fuese compartido por alguien más que ellos.
La sentencia, sin pretenderlo, proclama igualmente su fe en el poder democrático, aquel que viene avalado por la ciudadanía, aquel que se enfrentó en su momento a dictadores y fascistas para darnos una forma de convivencia basada en principios de justicia e igualdad. Ese sentido fue pervertido en Canarias con el nacimiento de la TVA, donde alguien con muchísima imaginación, con el objeto de convencer a una opinión pública que no deseaba un instrumento tan caro, determinó que nuestra televisión sería la más barata de España pues todo, o casi todo, se privatizaría.
Y eso sigue así hoy en día. La televisión pública canaria, que todos los años es amamantada por los presupuestos de la comunidad autónoma en una cantidad aproximada a los 40 millones de euros, no tiene nada suyo, no tiene una sola cámara suya, ni un ordenador, ni nada similar; solo tienen 200 trabajadores que, por si fuera poco, antes eran de Videoreport, con lo cual aún le hicieron un favor a la empresa más sanguinolenta que los recursos públicos canarios hayan conocido en toda su historia. Antes de eso, vimos el comportamiento de La Provincia y la Cadena Ser en lo que se denominó “Socater” y aquello también fue una sangría, aunque ni de lejos estos dos medios protagonizaron la campaña indecente que Canarias7, Diario de Avisos y Canarias Ahora vertebraron contra el Ejecutivo.
Una campaña destinada a pulverizarlo, a castigarlo golpe a golpe en todas las partes sensibles de su cuerpo, a chantajearle y a mortificarle, a mentir despiadadamente, proferir insultos, realizar todo tipo de maquinaciones, en un ataque donde estos medios perseguían que los garantes de lo público -nada menos- se arrodillasen ante una empresa privada. Los pájaros contra las escopetas. Si el Gobierno se hubiera acobardado, si hubiera transado en medio de la balacera, si el miedo le hubiese paralizado, esta sociedad, ahora mismo, estaría muerta. Se habría demostrado que una campaña de desprestigio era capaz de derribar a un gobierno legítimo, obligándole a trasladar abundante dinero público hacia una empresa de corte netamente privado. He de añadir que los tres medios que he citado estuvieron apoyados por partidos de izquierdas, donde se supone habita la esencia de la protección de lo público frente a lo privado. Aquí no, aquí fue al revés. La izquierda defendió los intereses nauseabundos de un cacique de inicios del siglo pasado.
Este medio, EL ESPEJO CANARIO, como suele pasarnos habitualmente, tomó partido porque tenía la información correcta. Siempre supimos qué era en realidad el caso Grúas y siempre supimos, cómo no, quién era Juan Francisco García, mi mentor en Canarias7, el hombre con el que trabajé codo a codo durante muchos años. García y la persona que les habla rompimos en marzo de 2015. En esa época, dejé de colaborar en “su” periódico debido a un problema que había surgido: me había enterado de que García había presionado hasta la desesperación para lograr que Paco Moreno, el actual administrador único, dimitiese de su cargo del consejo rector, que recién había echado a andar.
Se lo reproché a García: tú no eres quién para presionar los intereses públicos. Se lo reproché a través de una carta, para que no quedara la menor duda. El cacique hizo lo que siempre hace: intentar borrar las huellas de su crimen. Siempre pensé, a lo largo de la legislatura, que habría una oportunidad para el acuerdo, pero cada vez que surgía, algo lo frenaba y lo impedía de forma misteriosa. Era la desconfianza de García hacia Clavijo, un hombre insobornable, y era la desconfianza de personas marcadas por distintas derrotas políticas con el entonces presidente del Gobierno que, en aquel instante, como ahora, funcionaban como consejeros áulicos del autócrata: Román Rodríguez y Paulino Rivero. Algo que pudo resolverse desde la paz y desde el pragmatismo fue imposible por la mezquindad de estos dos individuos.
García nunca podrá decir de mí que no le avisé. Nunca podrá decir que no le di una solución. Nunca podrá decir que lo dejé solo y en la estacada. Ahora, que tendrá que explicar esta sentencia, en un consejo de administración bastante silente, sería interesante que reconociera que su estrategia fue un desastre, que le costó dinero y credibilidad a su periódico cuando tuvo la posibilidad de darle un giro a los acontecimientos y llegar a un acuerdo. Pero, claro, si Román te llena de dinero a través de Antonio, y si Paulino solo habla mal de aquel que evitó una tercera legislatura presidida por él, no hay forma de salir del enredo.
Si en alguna ocasión notan que Canarias7 difama todo lo que puede a su antiguo director, es por esta razón. Como Clavijo, tampoco yo me doblegué.
La sentencia dice algo muy gordo. Los dos concursantes, Canarias7 y La Provincia, buscaron la forma de engañar a la mesa de contratación. Cada vez que se abría un sobre, daban información del siguiente. Era como si quisieran condicionar el voto de los miembros de la mesa. Fue un comportamiento poco edificante en una época donde valía todo para que la codicia brillase en medio de la tormenta.
Constatada la derrota sin paliativos de Canarias7, queda por saber si alguien va a pedir perdón, si va a dimitir, si se va a seguir querellando contra todo aquel que decida no callarse, si cuando haya un juicio de esta naturaleza habrá prescrito el delito de portarte dignamente con aquel que te defendió, que te quiso y que tenía razón. En el mercado persa en el que se mueven algunos: ¿cuánto vale esto? Yo lo diré: 7.000 euros es lo que vale tener la razón cuando nadie te la da. Hay una pelea judicial pendiente por 7.000 euros. Por todo lo que les he contado. Es tan ridículo y bochornoso que no sabría cómo explicarlo.
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