Francisco J. Chavanel
De los tres jueces que redactaron la sentencia de “La Manada” hay uno que, especialmente, irradia una luz especial. Es aquel que no está de acuerdo con casi nada, el autor del voto en solitario, el que reprende a sus compañeros por ver abuso sexual donde él sólo contempló una juerga, un alboroto, un lío entre postadolescentes con final en sexo salvaje.
A lo largo de 200 folios Ricardo González les dice a sus colegas que se están esforzando demasiado en quedar bien con la sociedad, que a veces hay que ir en contra en su beneficio. Que de la visualización de las imágenes no se abstrae en absoluto la existencia de violencia, ni de intimidación explícita y verbal, que son condiciones dominantes para que exista un delito de agresión sexual. Y que tampoco puede existir el otro delito anterior (abuso, gravado con la mitad de la pena que el de agresión) porque, en realidad, todas las partes, verdugos y víctimas, estaban de acuerdo en pasárselo bien de una manera pactada de antemano.
La maravilla del auto de González es que todo lo que significa es cierto dentro de una verdad jurídica fría, ajena a cualquier sentimiento y a interpretación de otra lógica distinta a la que dimane de hechos despojados del sentido común del corriente de los mortales. En ningún momento de la grabación la víctima dice “no” con palabras ni con gestos, no llora, no se retuerce, no insulta, no intenta resistirse…, sólo cierra los ojos como si desease que el horror desapareciese lo antes posible, o como si disfrutase en interpretación del autor del voto particular. Según González eso no es ni abuso ni agresión: es colaboración. Según esta base el Tribunal Supremo tendría que dejar en libertad a los cinco miembros de La Manada, además de declararlos inocentes.
Puede decirse que González, con su desconcertante voto, perfectamente razonado en función de la legislación vigente, ha puesto contra las cuerdas al sistema penal español en materia de violencia machista, y a los legisladores que ahora se rompen la camisa como Camarón por no haber previsto una situación rabiosamente actual en la sociedad española. Resulta asombroso que todos los mecanismos puestos en marcha para declarar violencia contra la mujer en caso de asesinato, o de agresiones homicidas machistas con cualquier resultado grave o leve, no estén tipificadas en ley alguna, con la claridad suficiente para que por sus orificios no se cuelen “tipos listos” como el juez González, o jueces cobardes como sus compañeros José Francisco Cobo y Raquel Fernandino que, creyendo que llegaban muy lejos con sus disquisiciones sobre el “abuso” no alcanzaron a lo que realmente describieron en su sentencia: una violación en toda regla.
Porque de violación fue de lo que hablaron. “Posición viciada”, “privilegiada de ellos contra ella”, “aprovechando su superioridad”, “no pudo más que resistirse”, “atmósfera coactiva”, “abuso de autoridad”, “asimetría”, “presión”…, son algunas de las expresiones vertidas en la sentencia por Cobo y Fernandino. Es la explicación de una violación y no la de un abuso. Una superioridad de cinco personas contra una, en una atmósfera coactiva y de presión, posición viciada en la que aprovecharon su superioridad…, ¿cabe alguna duda? Es la explicación sobre un grupo de bestias que utiliza la violencia para conseguir su objetivo de someter sexualmente a una joven de 18 años. Hay intimidación explícita y hay un condicionamiento de la libertad de la víctima a causa de cinco machos deseosos por extender su dominio absoluto sobre una persona. No hace falta ser muy listo para verlo. La sociedad exige la desaparición de magistrados así porque es obvio de narices lo que sucedió.
Lo vieron incluso ellos, pero, sin embargo, fueron incapaces de dar el salto hacia la auténtica verdad, convirtiendo el abuso en agresión -lo que no hubiera resuelto la incapacidad del Código Penal español para reglamentar de forma contundente “los derechos de pernada” históricos de los hombres sobre las mujeres- pero sí, al menos, habría dado algún tipo de tranquilidad a un ejército de mujeres que no están dispuestas a admitir ni una humillación más en una sociedad que se denomina “democrática” e “igualitaria”. Los tiempos han cambiado y los jueces navarros no se enteraron.
Aún así considero injusto que todo el peso de la crítica social recaiga sobre jueces, sobre los que avanzamos presunciones generales de “fascistas” o de “reaccionarios” como si así consiguiéramos arrebatarle su sitio sobre la tierra. Precisamente el autor del voto particular no es precisamente un ejemplo machista; no de una forma absoluta. Ricardo González es el padre de una sentencia absolutoria sobre la persona de Pilar Marcos, una mujer acusada de matar a su marido tras sufrir 40 años de violencia machista; la decisión fue recurrida, se pactaron finalmente tres años de cárcel y, posteriormente, un indulto confirmó que Marcos no entraría en prisión. O sea, que González se salió con la suya y evitó la reclusión de Marcos a sabiendas de que había liquidado a su marido.
Pero también González ha sufrido dos aperturas de expediente por parte del CGPJ por su conducta “caótica” en la instrucción de determinados casos. En esta casa nos preguntamos muy a menudo cómo un juez como Pamparacuatro puede seguir instruyendo casos con todo el pasado que tiene de investigado por el citado Consejo. Pues González lo mismo; en principio cabe preguntarse qué hace un juez investigado en un laberinto judicial de esta trascendencia. El CGPJ tampoco es ejemplo de nada.
Como ven no todos los callejones son oscuros ni todos los cielos son azules en este drama. La existencia está llena de contradicciones incluso en aquellos asuntos, como este, que no ofrecen lugar a la duda.
La clase política es la única que no se “contradice”. Desde el minuto uno, después del conocimiento público de la sentencia, el ministro Catalá tuvo claro que estábamos ante una violación y que, por ese motivo, el Gobierno se disponía a legislar en breve, siguiendo la tónica de otros sucesos tratados en las televisiones matinales y vespertinas, con sus voces morbosas y ruidosas sobre lo que es y lo que debe ser. La determinación del Gobierno de Rajoy nos da la razón a aquellos que argumentamos que el Código Penal español es una antigualla en cuanto a delitos machistas y eso no es culpa de los jueces, por mucha falta de empatía que hallemos en algunos ellos. Es el Parlamento el que tiene la atribución de cambiar las leyes y el Parlamento no lo ha hecho porque ha sido tan antifemenino como todos los demás sectores sociales, sin excepción alguna.
Las mujeres sólo obtendrán el apoyo legal que merecen cuando su fuerza cause miedo y dolor a una sociedad que lleva ensalzando las glorias de la virilidad desde que el mundo es mundo.