Francisco J. Chavanel
El Tribunal Supremo no ha cambiado ni una coma del relato de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sobre el caso Las Teresitas. A lo largo de sus 558 páginas, la sentencia del Alto Tribunal deja claro que el trabajo efectuado por la Audiencia, por la Fiscalía Anticorrupción y por los magistrados intervinientes en el primer fallo fue justo, adecuado y proporcionado a los delitos cometidos.
Por lo tanto, el exalcalde, Miguel Zerolo, tendrá que ir a prisión para cumplir siete años de condena, al igual que los técnicos municipales Juan Víctor Reyes y José Tomás Martín González, además del que fuera concejal de Urbanismo, Manuel Parejo. La sentencia se completa con la caída de dos de las torres gemelas de la vida financiera de la isla de Tenerife: los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, que tendrán que cumplir una pena de cárcel de cinco años y tres meses. Todos tendrán que ingresar en prisión en los próximos días.
El impacto para la isla de Tenerife es terrible. Termina una época y termina una sensación de impunidad que flotó sobre la capital tinerfeña durante lustros y décadas. En ese periodo, todo era posible, incluyendo en ese todo la compra de un acantilado por 53 millones de euros, cuyo coste de mercado superaba con dificultades los 20 millones; que el dinero empleado saliera del ayuntamiento sin la menor prevención en dirección al bolsillo de los empresarios elegidos previamente; que esos empresarios hubiesen comprado todas las fincas cercanas al citado acantilado con dinero procedente de un crédito de Caja Canarias, cuyo único avalista era un peón caminero en nómina de Ignacio González; que algunas de las parcelas compradas a particulares fueran propiedad realmente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que regaló en varias ocasiones lo que era suyo; y que, posteriormente, para que todo cuadrara, que ese mismo Consistorio cambiase la calificación de los terrenos, convirtiéndolos en turísticos urbanizables, con el objeto de que los empresarios González y Plasencia se los vendiesen a Mapfre por 100 millones.
Un pelotazo de libro, no hay más. Un pelotazo con su prevaricación, malversación de fondos, sus comisiones obreras y su tráfico de influencias. Claro y diáfano como un día soleado. Sin duda alguna. Todos los pasos que dieron los protagonistas fueron efectuados sin la menor prevención o cautela. Lo hicieron de forma determinista, seguros de que no pasaría nada en su contra, convencidos de que el escándalo no tendría consecuencias.
Y, desde luego, fue todo un escándalo con mayúsculas. Una perito municipal, Pía Oramas, informó de la ilegalidad de la compra del acantilado y tasó su valor en apenas 20 millones de euros. Los vecinos del Valle de Huertas acudieron a los tribunales a reclamar la compra de sus viviendas a través de coacciones y chantajes de los empresarios González y Plasencia. Uno de los consejeros de Caja Canarias, Amid Achí, denunció públicamente que fue extorsionado por un alto cargo de la entidad financiera para que votase a favor del crédito a los empresarios… Fue un escándalo extraordinario que, sin embargo, fue silenciado en la sociedad tinerfeña por temor a represalias. Ni un solo periódico informó de lo que estaba pasando, ni ninguna radio, ni ningún medio de comunicación. El que lo hiciera se jugaba su existencia.
Los hechos sucedieron entre los años 1998 y 2001 y llama la atención cómo la Fiscalía –en este caso, la Fiscalía Anticorrupción- no actuó hasta diciembre de 2006, cuando ya finalizaba la última y tercera prórroga. Actuó en el último instante, en el último momento, casi el último día. Recuerdo que lo anuncié en Tenerife una semana antes de que fuera oficial y aquello me costó que me echaran de un medio de comunicación de la isla, regentado por Andrés Chaves, pero también fue fundamental para la creación de 7.7 radio, con Jaime Cortezo. Aquel suceso nos dio ánimos para montar una radio regional. Dijimos: esto no volverá a ocurrir jamás. Se terminó eso de que, en determinados sitios, no haya leyes ni rigor; se terminó tanto caciquismo y tanta corrupción. Haremos lo posible para que la gente esté bien informada y tome sus propias decisiones… Desde nuestra modestia, debemos decir que pocos programas han aportado tanto al conocimiento regional, de lo que pasa en un lado o en otro, como EL ESPEJO CANARIO. Se puede decir que las últimas trece temporadas de EL ESPEJO están marcadas por el aprendizaje que obtuvimos por el caso Las Teresitas.
Es conveniente considerar lo siguiente: el triunfador del caso Las Teresitas, aparte de los ciudadanos, es el denunciante Santiago Pérez, que ha pasado por todos los “asesinatos de imagen” que puedan suponerse y lo ha pasado, además, realmente muy mal: lo han intentado invisibilizar y gangrenarlo con ataques sin freno alguno; la fiscal María Farnés, que hizo un trabajo soberano, gracias al cual pudo demostrarse la veracidad de sus afirmaciones pese a que la investigación real se inició seis años después de haberse cometidos los delitos; y el presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, cuyo valor e ímpetu salvó todos los obstáculos, que no eran pocos. A todos ellos, una vez más, nuestras felicitaciones por su excelente y heroico trabajo.
Pero curiosamente estas tres personas son las que llevan el control de la acusación en el denominado caso Grúas y ya me los veo venir. Ahora que el Supremo les ha dado la razón como debía ser, como también nos la ha dado a nosotros, pues fuimos el primer medio en denunciar el escándalo, no quisiera que la soberbia y la prepotencia se adueñara de sus espíritus.
Todo el sentido común que han puesto en el caso Las Teresitas es el que les ha faltado en el caso Grúas. Aquí no hay empresarios que pidan créditos blandos a nombre de peones camineros, ni compras por encima de precios reales, ni estafas a vecinos con terrenos. Y, por supuesto, no hay pelotazo alguno ni nada que se le parezca. Lo único que hay es un préstamo, otorgado en un pleno municipal, a una empresa intervenida por el Ayuntamiento de La Laguna por 120.000 euros, siendo devuelto seis meses después, dos años antes de que venciera el plazo… Ah, y la empresa no era extraña al consistorio: estaba intervenida; por lo tanto, su futuro dependía del propio Ayuntamiento.
La saña y la dedicación puesta en este asunto que, para nosotros, ni siquiera es un caso penal, con invocaciones a prevaricaciones omisivas y a figuras legales abiertas a profundas discusiones, con retrasos injustificados y dos informes de dos fiscales distintos proclamando la inocencia del presidente del Gobierno, contrasta con su actuación directa y profundamente manipuladora buscando el daño de una persona que, evidentemente, no sería perseguida si no fuera el líder de un partido político que lleva gobernando 25 años en el Archipiélago.
Esto no habla nada bien de la “heroicidad” de Santiago Pérez, María Farnés y Astor Landete. Mientras en Las Teresitas todo fue prudencia, coherencia y respeto al Estado de derecho, aquí les pueden las prisas y el torcido deseo de hacer justicia donde solo hay política.
Igual que decimos una cosa decimos la otra. El que quiera trazar un paralelismo entre Las Teresitas y Grúas sencillamente está loco y, no obstante, es la locura la que gobierna el trazado judicial de un préstamo entregado en tiempo y plazo según lo determinado por el pleno de La Laguna. Me temo que aquí hay otro acantilado, pero de ceguera. Les deseamos a los tres -Pérez, Farnés y Landete- que recuperen su buen juicio y retornen al mundo de la verdad jurídica.
Dos apuntes para el final. Por un lado, el miedo y el temor ayer del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que a la hora de conocerse la sentencia sacó un comunicado para informar de que hará lo imposible para recuperar por vía legal lo arrebatado por Zerolo a su Ayuntamiento, lo que demuestra que no se esperaba para nada la demoledora decisión del Supremo, como no se la esperaba nadie en Coalición Canaria.
Y por el otro, la consideración de que hay un antes y después en Tenerife con el caso Las Teresitas. Exactamente como lo hay en Lanzarote con el caso Unión, y como lo hay en Gran Canaria con los casos Eólico, Góndola y Faycán. De todos ellos solo el de Las Teresitas fue bien instruido y de ahí el éxito alcanzado en el Supremo. Todos los demás no ofrecen garantías ni fueron investigados con seriedad ni rigor. Las sentencias y los martingaleos de la Fiscalía, ofreciendo condenas a cambio de no ir a nadie a la cárcel, lo certifican. Pero eso sí: causaron miedo y pánico en las distintas sociedades isleñas. Cambiaron la forma de proceder de los partidos políticos y de la clase empresarial. Desde entonces, hay menos corrupción en Canarias, más prudencia y más sensatez. Piénsese que, desde esos excesos, los de los años 2006, 2007 y 2008, no ha estallado ningún caso de corrupción verdaderamente notable.
Lo que ha ocurrido es que se ha perdido la sensación de impunidad de la que hablábamos al principio. Ya nadie está por encima de nada, ya nadie puede actuar a discreción con la seguridad de que nadie se atreverá a denunciarlo y de que esa denuncia no tendrá éxito. El caso Las Teresitas, desde nuestro punto de vista, ha democratizado la vida tinerfeña y eso, mírese como se mire, es algo extraordinario si pensamos cómo era de claustrofóbica, sectaria y endogámica esa sociedad a finales del siglo pasado y a principios del actual.