Francisco J. Chavanel
1.- Marcha atrás de NC, que es ‘guerra civil’ y anormalidad
No es normal. Por mucho que la sociedad lo pretenda, los periodistas que no formamos parte de la iglesia de Nueva Canarias, esa opinión pública y política que asiste a uno de los acontecimientos de corrupción más puros que puedan darse, no es normal que el comunicado del Cabildo de Gran Canaria del pasado viernes acceda a retrasar el pago de las 450 hectáreas de Amurga -4 millones de euros- hasta que queden bien definidos los lindes de dominio público de los terrenos, tal como solicitó la oposición el pasado jueves.
En todo lo que ha ocurrido, desde que se descubriera el escándalo -28 de diciembre de 2018- hasta hoy, ni Antonio Morales, ni Camelo Ramírez, ni Román Rodríguez, ni Pedro Justo Brito, ni NC como organización, han murmurado algo parecido a una disculpa, han dado la sensación de que se pasaron unos cuantos pueblos, han tenido la conciencia de que este asunto iba a tragarlos y fagocitarlos en las elecciones a la vuelta de la esquina. Lo cual no quiere decir que la discusión interna no haya existido y, de hecho, se han embarrado en sus peleas y sus revueltas, pero de cara al exterior siempre mostraron la misma imagen pétrea: jamás la menor de la debilidad.
Lo que los líderes de NC han dicho es que el expediente es una pieza de arte, impecable, perfecta, increíblemente invulnerable, la obra maestra de unos funcionarios excepcionales, sin fallos, sin errores, colosal… Bueno, pues lo han frenado porque le encontraron una falla “perfecta”, un “pecado excepcional” por la ausencia, oh Dios, de un solo… informe. Maldita sea.
Tras un mes y medio de desgaste, lo cierto es que Amurga pugna por liquidar una buena parte del crédito de Morales, de Román y de NC: los cabezas de lista lo tendrán feo en los próximos comicios, tanto sean nacionales como locales. Es lógico de entender: a un cabildo frentista, insularista, mezclado en casos sórdidos como el de la residencia de Agüimes, la captación de tránsfugas, los pagos millonarios por propiedades suficientemente protegidas (Guguy) y la compra de los terrenos industriales (otra vez) de Agüimes al Estado, cuando ya se dispone de la mayoría accionarial (30 millones de euros), los repartos presupuestarios siempre favorables a ayuntamientos amigos, la isla paralizada, bajo el imperio del nonismo, sin proyectos ni timón… En fin, a esa larga historia de caciquismo endemoniadamente rural y obcecadamente prepotente que nos ha tocado sufrir, hay que sumarle la actuación de Román Rodríguez en esta legislatura, al servicio de una empresa privada (Videoreport) para conseguirle 144 millones de euros públicos, los ataques a medios de comunicación no afectos procurando hacerles daño a través de sus anunciantes y ya, por último, sus seis cuñados presentándose en Amurga a través de José Victoriano González, el exinterventor de Carmelo Ramírez y de Antonio Morales, el hombre clave para liberar al exalcalde de Santa Lucía de Tirajana y al propio cuñado de Ramírez (propietario de Machacadora Domínguez) de las garras del ‘caso Palmeras’, doce años de persecución judicial por parte de la Fiscalía, doce años de dudas, de asesinato de imagen, de incertidumbre. ¿Qué hubiera pasado si José Victoriano no refrenda su antiguo informe?
Seguramente lo siguiente: el Cabildo no hubiera dado su plácet a la compra de Amurga, gracias al intermediario José Victoriano González. La sentencia exculpatoria del ‘caso Palmeras’ fue conocida el 29 de octubre y el 30, ¡un día después!, se firmó el acuerdo. Ya podía estar tranquilo el buen negociador de los intereses de los cuñados de Román y de su propia señora. Todos dieron la impresión de cumplir con su palabra.
2.- Miedo en el cuerpo, pero no el mismo miedo. Ramírez desafía la lógica
¿Qué significa la elaboración de un informe pericial para testimoniar lo que cuesta la parte pública de una propiedad privada? Hablamos de aproximadamente, entre 10.000 y 15.000 metros cuadrados, un campo de fútbol, o uno y medio, que equivalen a caminos reales y barrancos que, obviamente, no son de los cuñados de Román. Por esa razón, este Cabildo que nunca da el brazo a torcer, que funciona como una apisonadora, sin sentimientos, brutalmente, dándole igual lo que piensen los demás, se para, frena el expediente Amurga para “maximizar las precauciones”. En otro momento hubiese dicho: ya lo hemos mirado, lo hemos cuantificado, por una bobería de este tipo no paramos algo grandioso para la isla de Gran Canaria. Y si no están de acuerdo, vayan a los tribunales.
Mis “jóvenes guerreros” no me han decepcionado. Justo esto es lo que pone un nuevo comunicado oficial del Cabildo, elaborado de prisa y corriendo el pasado sábado: “Se trata de un documento (el del deslinde) nunca incluido en la compra de fincas rústicas que, lejos de paralizar los expedientes, los refuerza”.
Ahí lo tienes, periódico La Provincia. A tu titular del mismo sábado (“El Cabildo frena la compra de Amurga”), desmentido raudo y mosqueante de Morales y de Ramírez. Seguimos adelante con los faroles. Yo, del citado rotativo, estaría orgulloso.
Porque suena a lo que parece. A miedo en el cuerpo. A reforzar el parón. La combinación de distintos factores determinantes ha logrado este “milagro”. Situémonos. Antonio Morales, que ve por vez primera el abismo en la legislatura, que huele la derrota electoral, se enfrenta a Carmelo Ramírez y le gana la mano el viernes y la pierde el sábado. Aquí no se mueve nadie, dice el “comandante”, y Morales, en el rincón, encorajinado e impotente. Pero no nos engañemos: es solo una batalla sobre la imagen, no sobre el fondo. Amurga los risca. Sobre una pendiente de un 70%.
¿Cuál es el problema? Pues que, seguramente, José Victoriano González no traga. Que quiere cobrar lo prometido. Ahora. No después de unas elecciones cuyos resultados están en el aire. Los cuñados de Román tienen prisa. Es de prever que Morales y Ramírez se hayan cruzado unas cuantas palabras gruesas y que el ambiente guerracivilista del Cabildo que genera el enfrentamiento del dúo termine contaminando al partido.
Otra razón: la denuncia de Daniel Reyes (Ciuca) ante la Sala de lo Contencioso. Tiene su peso; NC sabe que es el anticipo de otra de carácter penal; la ilegalidad de la operación que defiende Reyes puede demostrarse en los juzgados; eso enciende alarmas. Esto le preocupa a Morales, pero no tanto a Ramírez, que es un hombre de palabra. Ramírez cumple sus compromisos sí o sí, cáigase el mundo a su paso, suceda lo que suceda. Su crédito consiste en su radicalidad. Si no es radicalmente honesto con aquellos con los que se compromete, su valor decae.
Otra más: NC no ha logrado que Pedro Quevedo entre en una lista que lo lleve claramente al Congreso; ni el PSOE lo ha acogido y menos CC; solo un milagro puede introducir a Quevedo en el Congreso de los Diputados en abril, pese a que su gestión ha sido, en muchos aspectos, notable.
Y otra más: la presencia del consejero de Hacienda, Pedro Justo Brito, el pasado jueves en “El Espejo Canario” no convenció ni a los defensores del amaño. Fue evidente la inexistencia de argumentos mínimamente de peso que eliminen de la mente de los ciudadanos el trato de favor que supuestamente existe en Amurga. Todos los datos, hechos, actuaciones del Cabildo conducen a la misma dirección: regalarle dos millones de euros al 50% de la propiedad a los cuñados de Román Rodríguez.
3.- El PSOE había encontrado la salida perfecta
Hay algo más. El PSOE. Los socialistas se agarraban el viernes pasado como un clavo ardiendo al parón que les ofrecía la delimitación de los linderos. Era la excusa perfecta para mantener la calma y no salir huyendo de una nave que se va a pique.
Pero muchos socialistas no son tan comprensivos como Ángel Víctor Torres. No tiene lógica alguna, ante una situación así, que ellos, partenaires al fin y al cabo, ahoguen sus expectativas porque Morales y tropa se dediquen a chanchullear dinero público con sus propias familias. Esto es lo que dicen en privado: si queremos que gane Luis (Ibarra), nos tenemos que ir; esto es irrespirable: nos harán cómplices, el daño ya está hecho.
Ahí encontró Morales cierto resuello frente a los compromisos de Carmelo Ramírez con José Victoriano González: si el PSOE me deja solo, yo soy el que va a pagar la factura ante la opinión pública.
He aquí el tuétano del problema. ¿Cómo cobra José Victoriano que ha puesto todos sus conocimientos y su capacidad de “interventor” para arreglar el desafuero de “Palmeras”?… No sé, no sé… ¿Cuánto se fía el exinterventor de su cuñado Román, presidente de NC?… Román ya le falló a Juan Francisco García y no le consiguió ni un euro de los 144 millones prometidos para Videoreport. Ni eso ni cargarse a Clavijo a través de una censura o del ‘caso Grúas’, o atrayéndose a Asier Antona (PP) y a Noemí Santana (Podemos)… Si Román figurara en las próximas elecciones en unas hipotéticas listas abiertas, me juego mil euros a que no sale. Se le nota el cartón.
Pero queda Carmelo Ramírez, el propietario real de la marca NC, el único asidero de José Victoriano y de los cuñados de Román… Ramírez lo va a intentar antes de que concluya el plazo electoral. Tiene apenas tres meses. Si lo logra, la marca se risca seguro. Si no lo consigue, igual salva algún mueble.