Cuando existe una duda razonable sobre cómo seguir la pauta de vacunación, el Gobierno, en vez de seguir la recomendación europea, se enfada con los ciudadanos y los chantajea para conseguir su propósito
Francisco J. Chavanel
El Gobierno central ha iniciado un proceso de transferencia de responsabilidad en el asunto de la segunda dosis cuando la primera ha sido de Astrazeneca. Ha pasado su responsabilidad al ciudadano, el cual debe firmar un documento en el que se compromete a arrostrar consecuencias fatales en el caso de que las hubiese.
El ciudadano, por lo general, no tiene conocimientos médicos. Es más: se intimida fácilmente ante médicos y doctores. En el asunto de la pandemia, todo se agrava. El ciudadano no fue consultado por este Gobierno, ni por ninguno que estuviese en ese instante, cuando se decidió ir al confinamiento en marzo de 2020. Una decisión crítica que alteró la vida de todos de una forma extraordinaria fue tomada por el Gobierno sin consultar a nadie que perteneciera a la sociedad civil.
Porque lo creyó conveniente, aprobó las grandes manifestaciones de Madrid y de toda España por el 8-M, y otras en la capital como un mítin de Vox y un partido de fútbol del Atlético de Madrid, perteneciente al campeonato liguero. El Gobierno confinó a la población cuando le apeteció, dejando detrás de sí la duda sobre si actuó cuando debía o unos días tarde porque le convenía a su ideario.
Los ciudadanos tampoco fuimos consultados cuando, en las residencias de mayores, secuestraron a nuestros familiares, cuando los dejaron solos o tirados a su suerte, sin escuchar una voz de ánimo a su lado, enfrentados a su final como si fueran apestados. Así, una cantidad irracional de más de 60.000 personas. Más de la mitad de los fallecidos durante la pandemia fueron nuestros abuelos y nadie nos consultó si recibieron las medidas humanitarias que precisaban.
No paro de sentir náuseas cuando se invocan las palabras “ayuda humanitaria” para preservar la vida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, y en aquel momento, en el momento de la verdad, cuando había que proteger la humanidad de los más débiles, de nuestros padres y de nuestra sangre, todo lo que se hizo fue salir corriendo y condenarlos a una muerte segura.
Los ciudadanos no fuimos consultados cuando, después del confinamiento, se relajaron las costumbres y tuvimos una segunda, una tercera ola, incluso una cuarta.
Tampoco se consultó a los ciudadanos por qué era necesario enviar al personal sanitario a un contagio seguro, sin los EPI de protección, sin mascarillas, sin guantes, y sin distancia social. Ni tampoco por qué se disponía de tan errática información cuando ya la voz de alarma había sonado en el planeta desde el mes de enero de 2020.
Los ciudadanos tampoco fuimos consultados cuando se utilizó la vacuna de Astrazeneca. Hay que recordar que entonces España no actuó por su cuenta; lo hizo siguiendo instrucciones de la UE. Fuimos leales, solventes, seguimos las indicaciones de la Agencia Europea del Medicamento. No fuimos consultados cuando nos vacunamos de Astrazeneca, ni cuando lo fuimos con Pfizer, ni cuando lo fuimos con Moderna. La gente tuvo mucha paciencia. Oyó al gobierno y siguió sus instrucciones, mayoritariamente confió en él.
Ahora resulta que los científicos se dividen en dos bandos. Aquellos que están vinculados al Gobierno dicen que perfectamente se puede complementar la vacuna de Astrazeneca con una segunda de Pfizer. Los que son autónomos e independientes recuerdan que, para este supuesto, la Agencia Europea del Medicamento sostiene que la segunda dosis debe ser de Astrazeneca cuando la primera fue del mismo laboratorio. Esto no ha gustado al Gobierno de Sánchez, que pareciera que le quedan pocas vacunas de Astrazeneca y tiene miedo de no llegar a todos los peticionarios.
Su gesto, una vez más prepotente y carente de calidad humana, ha sido revolverse contra los que reclaman una segunda dosis del laboratorio de Oxford, exigiéndoles que firmen un documento donde se comprometen a responsabilizarse de lo que ocurra, si es que ocurre algo.
Un mafioso no lo haría mejor. Te apuntan con la pistola a la sien y te obligan a elegir entre tus sesos o la segunda vacuna con Pfizer. Tiene que ser por narices lo que ellos digan. Cuando existe una duda razonable sobre cómo seguir la pauta de vacunación, el Gobierno, en vez de seguir la recomendación europea, se enfada con los ciudadanos y los chantajea para conseguir su propósito, que esperemos no vaya más allá del capricho.
Esto es lo que denominamos transferencia de responsabilidad. La responsabilidad la ha tenido siempre el Gobierno con sus políticas. Así ha sido en toda la pandemia. Cuando le interesó, ató a las comunidades autónomas a su carro; y cuando no le interesó, les trasladó a ellas la responsabilidad. Ahora lo que le interesa, después de un experimento con 600 personas, lo cual no constituye una cifra relevante, es que la segunda dosis sea con Pfizer cuando la primera fue con Astrazeneca, y para lograrlo no duda en amenazar a los ciudadanos, inocularles miedo, inseguridad, confusión, sensación de vacío.
¿De verdad nos merecemos esto? ¿Cómo es posible que quien nos representa a todos nos ponga entre la espada y la pared? ¿Cómo es posible que, en un asunto tan sensible, no homologue su posición con la Unión Europea? Sinceramente, me cuesta mucho comprender cuál es la prioridad de este Gobierno a la hora de establecer pautas mínimamente humanitarias.
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