Uno de los propietarios, Antonio Pérez, asegura que la legislación no impide que las personas puedan vivir en sus embarcaciones.
Antonio Pérez es uno de los afectados por la campaña iniciada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas para desalojar a las personas que viven en sus embarcaciones en el muelle deportivo.
Este funcionario de Hacienda vive desde hace nueve años en su embarcación, pero el pasado 6 de febrero recibió una notificación de desahucio, en la que se le notificó que si no abandonaba el buque pasados diez días, sería desalojado y se le impondría una multa de 60.000 euros.
Contraria a la legislación
Indica que, una vez consultado con sus abogados, han observado que la orden no está comunicada en forma y, además, es contraria a la legislación, pues solo se prohíben las edificaciones con fines residenciales, pero no la pernoctación en el puerto.
Pedir explicaciones
Recuerda que esta decisión no es exclusiva de la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, sino de todo el consejo de administración, entre los que se incluyen la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, el presidente del Cabildo de Gran Canaria y representantes de empresarios, a los que pedirán «explicaciones».