→ «Es necesario revisar el plan general para que, en San Bartolomé de Tirajana, sea compatible el uso turístico con el residencial» → «Estamos empujando para que la Ley de Alquiler Vacacional no perjudique a los pequeños propietarios y ponga límites a los grandes tenedores» → «Hoy la ciudadanía quiere más gestores que políticos, porque lo que esperan es que se solucionen los problemas»
El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, señala que las manifestaciones del pasado 20 de octubre en distintos enclaves turísticos de las islas no ha tenido una gran incidencia en la marcha del negocio turístico, según han podido comprobar durante la reciente Feria de Turismo de Londres.
«No ha habido una gran incidencia con las manifestaciones», afirma Marichal, que puntualiza que no está en contra de ellas, aunque sí con algunos de sus planteamientos, como lo que, en su opinión, constituye increpación a los los turistas o la idea de que «hay que echarlos de Canarias».
El reparto de la riqueza turística
Considera que el camino a seguir es procurar que el gasto turístico sea mayor y, sobre todo, que el dinero se reparta en toda la industria extrahotelera, «de manera equitativa». Asegura que esa es la clave en la que deben trabajar todas las administraciones públicas competentes.
A este respecto, señala que Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana ha liberado inversiones por valor de tres millones de euros para impulsar el turismo extrahotelero en Maspalomas porque, entiende, es lo que genera empleo en el municipio.
Viviendas en zonas turísticas
Sobre las dificultades de algunos vecinos del municipios por la imposibilidad de usar su vivienda en zona turística como residencial, como ha denunciado Maribe Doreste, presidenta de la asociación de afectados, Marichal señala que es un precepto de la Ley Turística aprobada en 1995, durante los últimos días del mandato de Paulino Rivero como presidente del Gobierno de Canarias.
Afirma que es una consecuencia del modelo entonces vigente de tratar el turismo como un polígono industrial a explotar, pero la realidad «ha acabado imponiéndose», y en San Bartolomé han vivido de forma permanente en la zona turística, y «desde siempre», unas 16.000 personas.
Para solucionar la situación, señala que han dado un primer paso consistente en tramitación de urgencia de la revisión del plan general, de tal forma que contemple como compatible el uso turístico con el residencial .
Regulación del alquiler vacacional
Sobre el anteproyecto de ley del alquiler vacacional que está valorando el Gobierno canario, Marichal espera que ganen «los pequeños» propietarios y para eso están «empujando». Indica que en la actual redacción, los apartamentos, villas y bungalows no se consideran viviendas, por lo que quedan fuera de la regulación del alquiler vacacional.
Apunta que, sin embargo, en San Bartolomé de Tirajana, el alquiler vacacional no genera problemas de vivienda porque se encuentra en zona turística, por tanto deben considerarse viviendas, para que se puedan explotar en la modalidad de alquiler vacacional, pues no supone presión sobre el mercado de la vivienda.
Entiende que la ley debe ser más restrictiva con los grandes tenedores, porque si alguien gestiona 400 pisos de alquiler, «lo que tiene es un hotel», por lo que se deben aplicar las leyes de los establecimientos hoteleros. Señala que existen muchas presiones sobre el sentido en que puede ir la ley, pero espera que el Gobierno atienda las demandas de los municipios.
Más gestor que político
En otro orden de cosas, Marichal afirma que se siente «más gestor que político» y entiende que esa es la forma actual de estar en la política, pues es lo que, a su juicio, reclaman las personas más jóvenes, «que quieren que se solucionen problemas».
Entre esos problemas se encuentra el de la vivienda, para lo que el Ayuntamiento ha dispuesto de una partida de 35 millones de euros para construir residencias, lo cual no será posible «de forma inmediata». Para paliarlo, han convocado ayudas por valor de un millón de euros para familias trabajadoras. Se trata, dice, de una «tirita» para ir solucionando el problema.
Desarrollo sostenible
Otro de los problemas «prácticos» es el del desarrollo sostenible, para lo cual se requiere, en su opinión, de medidas estructurales. Una de ellas es asegurar que el 95% de lo que comemos en Canarias «no venga de fuera». Entiende que eso sería «apostar de verdad» por el medio ambiente y, al mismo tiempo, por el sector primario, porque, en caso contrario, «nos vamos a comer los bloques, la eólica y la fotovoltaica».
Esto constituye un replanteamiento del modelo basado en las subvenciones a la agricultura, que está produciendo en función de las ayudas que llegan. A su juicio, hay que avanzar en materia de innovación y dejar de emular otros modelos basados en latifundios que aquí no hay.