→ «Si se demostrara que la planta de gas causa problemas o riesgos para la salud de las personas el proyecto no se podría desarrollar» → «La transición ecológica consiste en ir buscando los combustibles que menos contaminen en cada momento» → «No existen muchas alternativas, porque la energía fotovoltaica y la eólica no son viables»
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, teme que se esté sembrando «una semilla» de animadversión hacia el puerto al cuestionar el proyecto de instalación de una planta gasificadora en sus instalaciones.
«Se está metiendo de todo»
Asegura que si se demostrara que dicha infraestructura causa problemas a la ciudad o riesgos para la salud de las personas, el proyecto no se podría desarrollar. Sin embargo, entiende que en torno a este tema se está gestando un sentimiento «donde se está metiendo todo».
Recuerda que el puerto tiene la necesidad «imperiosa» de disponer de combustible alternativo para suministrar a los buques y dotar a los barcos de la potencia necesaria para que puedan apagar sus motores auxiliares y dejar de emitir mientras estén en el puerto.
El significado de «transición» ecológica
Entiende que es inviable que tuvieran que venir gabarras desde distintos puntos para suministrar gas natural licuado a los buques atracados en el Puerto de Las Palmas: «Tenemos que ser conscientes de los que estamos hablando». Recuerda que la transición ecológica es «una transición», es decir, en cada momento se recurre a los combustibles que menos contaminen: «Ya nos gustaría poder suministrarnos exclusivamente de energías limpias».
Indica que no existen muchas alternativas, pues la energía fotovoltaica no se puede instalar en los espacios libres disponibles, según señala un informe del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al tiempo que la energía eólica, por la ausencia de vientos, no tiene la capacidad de suministrar la energía necesaria.
Asimismo, Calzada se hace eco de la preocupación de los empresarios portuarios «con todo lo que está pasando», por la inseguridad jurídica que supone haber aprobado el proyecto en el año 2019 «y que ahora se quiera parar». Apunta que también les preocupa que se cuestione la capacidad del puerto para mantenerse como líder en el suministro de combustible.
Recuerda que serán el Gobierno central, por considerar que el proyecto no es viable, o el Gobierno de Canarias, a través de la declaración de impacto ambiental, los que determinen si la infraestructura se puede llevar a cabo o no, pero entiende que, hasta entonces, el proyecto se tiene que seguir tramitando en los términos en los que se aprobó en 2019.