Tras la sentencia del TSJC que tumba el núcleo del decreto de alquiler vacacional, la presidenta de ASCAV exige no dilatar más el problema con recursos
“Estamos contentos en parte por la sentencia, ya que anula los dos puntos más conflictivos aunque queda el tercero”, ha dicho a El Espejo Canario la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), Doris Borrego, quien puntualizó que “esta sentencia no se dicta en base al recurso” presentado por la asociación que preside, sino por “la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y por Servitur, que es la industria a nivel nacional”. Además, quedan por resolver los recursos presentados por ASCAV y por dos particulares.
La asociación va a esperar por la sentencia al suyo, “mucho más extenso”, que dará respuesta al problema de la zonificación turística. Sin embargo, “el punto más delicado” para la presidenta es “el 3.1”, que aborda el problema del suelo rústico y afecta fundamentalmente a la isla de Tenerife “donde está el 40 por ciento de la vivienda” en alquiler vacacional: “Es tan sumamente ambiguo”, afirmó, “que deja en manos de cualquier consistorio local o insular si admite una vivienda vacacional en suelo rústico”. En otras islas, como Gran Canaria, “no existe ningún problema porque se ha entendido desde el minuto uno que es una oportunidad y no un peligro”, dada la tradición de alquilar ‘fincas’ entre particulares.
La sentencia, dictada el 24 de abril, no tiene aún validez, por lo que ASCAV “llama a la prudencia porque no es firme” y exige a la Administración canaria “dejar de gastar fondos públicos en recursos” que va a perder “y vamos a tener que pagar todos los canarios”. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, “ha sido contundente calificando de auténtica falacia los argumentos del Gobierno de Canarias”, recalcó Borrego, “y especifica que la única explicación plausible es beneficiar a un lobby hotelero en concreto”. Según datos oficiales de ASCAV, la situación de indefinición provocada por el Ejecutivo “está afectando a 28.000 familias” que no pueden “estar esperando por el capricho del Gobierno de salvaguardar los intereses de cuatro”, dijo en referencia al lobby.