Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Promoción y Formación Turística, señala que el alquiler vacacional no puede dejarse, exclusivamente, en manos del mercado.
El Gobierno canario ha abierto el plazo de consulta pública para la futura ley que regule el uso turístico de las viviendas, una norma que Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Promoción y Formación Turística, espera que pueda estar en vigor en el año 2024.
Problemas de genrificación y altos alquileres
Rodríguez señala que esperan recibir y estudiar todas las alegaciones de aquí a final de año, para comenzar a redactar el proyecto de ley en el mes de enero, de tal forma que pueda ser enviado cuanto antes al Parlamento canario y que esté en vigor a lo largo de 2024.
Indica que la ley quiere contribuir a resolver los problemas de gentrificación y del alto precio de los alquileres, con lugares donde se están pagando precios muy altos en lugares como Corralejo, donde se llegan a pedir 1.400 euros mensuales «si es que se encuentra una vivienda». Señala que uno de los baremos más importantes es saber qué porcentaje de la renta se tiene que dedicar a la vivienda, y si es el sesenta por ciento, «es inadmisible».
209.709 viviendas dedicadas al alquiler vacacional
Señala que, actualmente, hay 209.709 viviendas dedicadas al alquiler vacacional y Rodríguez entiende que es una cantidad que no puede seguir creciendo incontroladamente. Afirma que hay que preguntarse dónde poner el límite, pues se trata de una decisión «democrática», de garantía de derechos y de preservación del entorno, algo que no se puede dejar exclusivamente en manos del mercado.
Presión previsible
Está convencido de que el proyecto de ley saldrá bien y entiende que la «presión» que puede estar sufriendo es «la previsible», pues entiende que es un sector que proporciona una gran rentabilidad, genera intereses y la gente puede interpretar que se está en peligro su actividad, «pero no es verdad, pues lo que se pretende es regular para llevarlo a un nivel admisible».