Cesáreo Rodríguez, director general de relaciones con la Administración de Justicia, nos explica la retirada del servicio de vigilancia de los juzgados a Seguridad Integral Canaria.
El servicio de vigilancia de las más de 500 instancias judiciales ha sido adjudicado a la empresa Securitas, para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y a la empresa Prosegur, en Las Palmas, debiendo ambas empresas subrogar a los empleados de Seguridad Integral.
Con esta decisión, estima Rodríguez, se garantizan los salarios y se abre la puerta a que los trabajadores puedan recibir adelantos salariales que palien su situación. Según han informado los trabajadores al Gobierno canario, su anterior empresa le debía varios meses de sueldo.
El representante del Ejecutivo afirma que esta decisión “provisional” hasta la convocatoria del concurso, no se ha negociado con el propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez.