→ «Los problemas de personal han comenzado a resolverse con la contratación de nuevos empleados públicos» → «A finales de 2024 esperamos haber resuelto de forma sustancial el retraso en el pago a proveedores» → «A lo largo del próximo año planificaremos el resto del pago de la deuda a Emalsa»
El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, está convencido de que la ciudadanía va a percibir una sustancial mejora en la prestación de los distintos servicios públicos municipales.
Problemas de personal
Señala que, cuando asumieron las competencias, estudiaron los problemas de cuello de botella que se producen en la administración municipal y que dificulta la prestación eficiente de los servicios. En este estudio detectaron falta de recursos humanos y carencia de dirección de equipos.
A este respecto, indica que ya han cubierto diez cargos directivos con «muy buenos profesionales», lo cual ha supuesto «una notable mejora de la gestión». Asimismo, se han incorporado catorce técnicos del grupo A1 y otros veintidós empleados públicos por oposición. Finalmente, a lo largo del año 2024 se incorporarán cuarenta y cinco nuevos policías locales a la plantilla, lo cual «redundará en una mejor atención a la ciudadanía».
Pago a proveedores
Hernández Spínola indica que otro de los problemas que tiene que resolverse a lo largo del año 2024 es el del retraso en el pago a proveedores. Señala que una parte se resolverá antes de finales de este año, con la aceleración de la ejecución de los pagos que se produce siempre en el mes de diciembre.
No obstante, indica que el cambio sustancial se producirá a lo largo del año 2024, cuando se pongan en marcha los mecanismos que permitan reducir de manera «muy sustancial» la alta cifra de deuda con proveedores que mantiene el Ayuntamiento: «La inmensa mayoría de esa deuda esté pagada a finales de 2024».
Deuda con Emalsa
Un capítulo importante de la deuda municipal es con la empresa mixta del ciclo integral del agua, Emalsa. Hernández Spínola señala que en el actual presupuesto ya se ha consignado el pago de los 13,2 millones en cumplimiento de la sentencia judicial sobre la actualización de la tasa de depuración.
Apunta que la ciudadanía no tendrá que soportar el pago de esa deuda con algún impuesto adicional, como tampoco tendrá que hacerlo para la planificación del pago del resto de la deuda que mantiene el Ayuntamiento con Emalsa.
Limpieza de la ciudad
Una de las asignaturas pendientes del Ayuntamiento en estos años ha sido el de la limpieza. Hernández Spínola considera que la ciudadanía ya comienza a tener una percepción distinta porque se han acometido actuaciones «importantes» en los cinco distritos, con campañas especiales de recogida de escombros y talas. Esto se ha acompañado de un plan para ubicar en todos los distritos distintos contenedores para desprenderse de todo tipo de trastos.
No obstante, reconoce que falta más personal y para ello están trabajando en un pliego que permita llevar a cabo un contrato de limpieza para los próximos diez años y que supondrá la solución definitiva a los problemas de la ciudad. A Hernández Spínola le gustaría tener adjudicado este contrato a mitad del año 2024.
Considera que también ayuda mucho si la ciudadanía toma más conciencia a la hora de cuidar la ciudad. No descarta sancionar a los que son «irreductibles», porque «no se puede permitir que la ciudad no mejore por la actuación de unos pocos».
Alquiler vacacional
Hernández Spínola reconoce que el alquiler vacacional crea problemas y tensiones, al incrementar el precio de la vivienda y al reducir la disponibilidad de la vivienda de alquiler residencial.
Recuerda que la Ley de Vivienda nacional permite a las ciudades determinar aquellas zonas tensionadas y tomar medidas. Asimismo, recuerda que el Gobierno canario quiere abordar este problema a nivel autonómico «y en función de ello actuaremos en consecuencia».
Tasa de basura
Sobre la puesta en marcha de la tasa de recogida de basura, Hernández Spínola recuerda que es la Unión Europea la que obliga a cobrar dicho impuesto. La ley española que traspuso la directiva dispone que en el año 2025 todos los ayuntamientos la tienen que tener implantada, por lo tanto hay que modificar la ordenanza, pero «en función de la capacidad económica de las personas y con las modificaciones necesarias para que sea lo menos lesivo posible para la ciudadanía y que no haya incremento de la presión fiscal».