El administrador único de RTVC cree que una figura como la de Francisco Pomares introduciría "más controversia" en el órgano de control del ente.
El administrador único de Radio Televisión Canaria (RTVC), Francisco Moreno, desconoce si el mandato marco que el Parlamento debe aprobar para definir el estatuto del ente saldrá adelante “este año o este siglo”. En cualquier caso, considera que cuestiones como la situación de subrogación de los trabajadores, la cantidad de contratos temporales existentes, incompatibles con la reforma laboral, y la propia dinámica del ente, aconsejan que “algún día, sus señorías tendrán que sentarse a pensar” que quieren hacer con el medio de comunicación.
Por el momento, Moreno ha aceptado mantenerse como administrador único del ente después de que el Gobierno canario haya prorrogado esta figura temporal. Indica que no ha pensado en marcharse porque dejaría un vacío: “Me iré cuando tenga la sensación de que yéndome no dejo un lío mayor”.
La controvertida presencia de Francisco Pomares
Moreno afirma que “nunca” ha llegado a ningún acuerdo con el periodista Francisco Pomares, propuesto por Coalición Canaria para formar parte de la junta de control de RTVC. Sin embargo, reconoce que tuvo una reunión con el secretario general de los nacionalistas, Fernando Clavijo, en el que le explicó que una junta de control debe estar formada por personas “que trabajen juntos para buscar soluciones, no para enfrentarse unos a otros”. A este respecto, considera que Pomares ha expresado “sus filias y sus fobias”, las cuales le dan a entender al administrador único que “iba a introducir más controversia en ese órgano”.
Concurso de suministros
Sobre el concurso de suministros de medios técnicos, que fue declarado desierto, Moreno señala que no se convocó el concurso para que una empresa se enriqueciera, pues el beneficio anual contemplado no superaba algo más del dos por ciento, una cantidad que está dentro de los márgenes de los contratos nacionales del sector.
Afirma que el problema es que en el pliego de condiciones debía establecer el posible desistimiento del contrato en función de lo que pudiera decidir el Parlamento sobre el mandato marco. Eso suponía un riesgo económico para los concursantes, por lo que se intentó generar seguridad jurídica señalando que se pagarían todos los gastos ocasionados por el concurso.
Sin embargo, el concurso aún no quedaba liberado de la posibilidad de acabar en litigios, algo que debieron observar los departamentos jurídicos de los posibles concursantes, que optaron por no concurrir. Señala que ahora tratarán de solventar esos elementos disuasorios para que concurra el mayor número de empresas. Apunta que una solución podría ser que la propia empresa pública busque un inmueble y retire esa condición del concurso.