El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, calcula que las islas podrían disponer, a corto y medio plazo, de 1000 viviendas con el plan aprobado por el Gobierno central.
El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, se muestra partidario de intervenir el mercado de la vivienda en aquellas zonas que se encuentren tensionadas por la falta de espacios y por los altos precios.
A este respecto, recuerda que existen estudios que muestran que Canarias es una de las comunidades con más zonas tensionadas en materia de vivienda, junto a Madrid, Cataluña y Baleares, porque los precios del alquiler superan, en muchos puntos, el 30% de las rentas de las personas que allí viven, o bien porque en los últimos cinco años el precio de la vivienda ha subido tres puntos por encima del IPC. Señala que, en esos casos, la Unión Europea autoriza a que se tomen medidas para asegurar el acceso a la vivienda, algo de lo que es partidario Franquis.
Viviendas de la Sareb
Sobre las medidas para asegurar el acceso a la vivienda presentadas por el Gobierno central, Franquis señala que, según los datos de que dispone el Gobierno canario, la Sareb dispone de unas 1.227 viviendas en las islas, de las cuales 811 ya están construidas y 303 disponibles de forma inmediata. Asimismo, señala que el denominado banco malo dispone de suelo para otras 315 viviendas, «por tanto, podríamos contar con unas 1000 viviendas para disponer de ellas» en el corto y medio plazo.
Franquis hace un repaso del esfuerzo realizado en esta legislatura en materia de vivienda, comenzando por la actual convocatoria de ayudas al alquiler, de la que se benefician 8.333 personas en ayudas mensuales al alquiler. A lo largo de la legislatura se han dado más de 22.000 ayudas. El consejero recuerda que, en las dos legislaturas anteriores, apenas se construyó vivienda social en las islas.
Cementera de El Pajar
En otro orden de cosas, Franquis anuncia que el consejo de administración de Puertos Canarios de la próxima semana aprobará la nueva concesión a la cementera Puerto de El Pajar, en San Bartolomé de Tirajana, por un período de diez años, hasta que existan terrenos para poder llevar a cabo el traslado y se lleven a cabo las modificaciones urbanísticas que sean necesarias.
Franquis afirma que, si bien no hay consenso entre todas las partes, no es menos cierto que existe una mayoría que está de acuerdo con esta decisión. Recuerda que hace seis años, en 2016, se amplió la concesión de la mina que está vinculada a la cementera: «De no haberse hecho, no estaríamos ahora en este debate». Por eso le sorprende el papel de Coalición Canaria criticando la nueva concesión.