Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y la Familia, pide cambios normativos para que todas las comunidades se corresponsabilicen de la acogida a los menores.
El Gobierno de Canarias ha enviado a la Fiscalía de Menores un informe sobre los hechos ocurridos en el centro de menores de Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, en el que se fugaron una veintena de jóvenes el pasado 24 de noviembre.
La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Sandra Rodríguez, señala que el informe ya ha sido cursado y ahora le corresponde a la fiscalía realizar la investigación, las pesquisas que estime oportunas y, a partir de ahí, decidir si presenta una denuncia ante la justicia o lo archiva.
Una gran presión para Canarias
Rodríguez quiere expresar la gran presión que, para la Comunidad canaria, supone la atención a los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas. Recuerda que el sistema fue planificado para atender a 1.200 menores y, actualmente, se alcanza la cifra de 4.400 menores, más de la mitad de ellos llegados este año y, sobre todo. a partir del mes de septiembre.
Cambios normativos y derivación
Indica que esta responsabilidad no puede ser asumida por Canarias en solitario, sino que tiene que contar con la responsabilidad del Estado, de la mano de la Unión Europea, y la solidaridad de todas las comunidades autónomas. Por eso el Gobierno canario aboga por los cambios normativos que permitan la derivación de menores a otras comunidades, como ya se hace con los mayores.