El portavoz popular critica al alcalde de LPGC la inversión de 3 millones de euros públicos para reabrir el aparcamiento de la calle San Bernardo
“Mi nombramiento como presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas no tiene ningún fundamento”, ha respondido a preguntas de El Espejo Canario el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC), Juan José Cardona, ante los rumores que circulan en la capital de la isla. El exalcalde recurrió a la frase ‘Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras’ para esquivar “el futurible” de que pueda ser nombrado en los próximos meses.
En cuanto a parquin de la calle San Bernardo en LPGC, cerrado por orden del consistorio municipal desde hace más de un año porque el concesionario no había adaptado las instalaciones al reglamento de seguridad, y que podrá ser reabierto después de que el Ayuntamiento haya anunciado una inversión de tres millones de euros públicos en el arreglo de las irregularidades, “lo único que pone de manifiesto es la absoluta incapacidad de gestión” que tiene el actual alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE), y su equipo “para resolver este problema”, señaló el popular.
“Si hace un año el Ayuntamiento hubiera sacado un nuevo concurso de reforma, mejora y adaptación, hoy el aparcamiento estaría ya abierto”, continuó el concejal, indicando que eso es lo que hubiera hecho su grupo en lugar de que “Sagulpa se tenga que endeudar con estas obras para después, supuestamente, reclamar al anterior concesionario” los fondos invertidos mediante “un pleito judicial”, una fórmula “absolutamente irresponsable” de gestionar “lo público”.
Para Cardona, todo este trámite debería haberse iniciado “antes de que finalizara el contrato con la empresa explotadora” del inmueble para que “las obras fueran a cargo del nuevo concesionario”. Igualmente, el exalcalde desconfía de la prontitud con la que el Ayuntamiento pueda obtener la devolución de los tres millones de euros del anterior concesionario, que calcula en varios años.
“La mayor o menor eficacia de la gestión privada de los recursos públicos”, prosiguió Cardona, “depende siempre de que haya un buen control público”, restándole importancia a la naturaleza privada de las empresas gestoras. En el caso de la concesionaria del aparcamiento de San Bernardo, entiende que las empresas que están próximas a terminar el contrato establecido con la Administración “aflojan las inversiones de mantenimiento”.
Finalmente, en el ‘caso Ralons’ para la concesión del servicio de atención a domicilio en el municipio capitalino, ganado por la empresa Clece tras ser ratificada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos en detrimento de Ralons, el portavoz del grupo popular vaticina que “este asunto terminará como todos los que está llevando la concejalía de Cohesión Social” capitalina capitaneada por Jacinto Ortega: “Con mucho litigio y mucho pleito, un verdadero lío”.