Maribe Doreste, presidenta de afectados por la Ley Turística, señala que hasta 40.000 personas corren el riesgo de ser expulsadas de sus viviendas en San Bartolomé de Tirajana.
Residir en una zona turística se ha convertido en una odisea por el tenor de una ley autonómica del año 2013, que exige que esas viviendas se destinen al uso comercial. Maribe Doreste, presidenta de afectados por la Ley Turística, señala que se trata de los apartamentos «de toda la vida» que se compraron en los años setenta y ochenta del siglo pasado y que nacieron con una vocación residencial.
2.000 expedientes sancionadores
La ley pretende que abandonen el uso de las propiedades y que las cedan a un explotador turístico y, con ese fin, el Gobierno canario ha iniciado más de 2.000 expedientes sancionadores.
Se trata de 40.000 propiedades tan solo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, pero Doreste estima que pueden ser 80.000 los afectados en toda Canarias.
Ya han presentado dos recursos ante el Tribunal Supremo y consideran que se podría iniciar la vía constitucional si cincuenta diputados o senadores se decidieran a llevar la norma ante el alto tribunal, como ha hecho el Partido Popular con la ley del alquiler vacacional de Cataluña.