Sunil Lakhwani, representante de la mesa de confluencia de facultativos y médicos, y la presidenta del Sindicato Médico, Carmen Nuez, discrepan sobre la posibilidad de que Canarias legisle en la materia.
La presidenta del Sindicato Médico de Las Palmas, Carmen Nuez, señala, con respecto a la huelga de médicos interinos en Canarias, que la sentencia del Tribunal Europeo a la que hace mención la plataforma convocante de la movilización, solo señala que en España la temporalidad de empleados públicos es muy alta y que se tienen que tomar medidas para corregir esta situación.
El problema surge cuando se trata de averiguar quién tiene que tomar las medidas para solucionar esa cuestión, y, a juicio de Nuez, le corresponde al Estado español con una ley estatal: “Es una ley que habría que cambiar para todos los empleados públicos españoles, porque no se circunscribe a los médicos”. Recuerda que el Gobierno canario ya ha dicho que no está entre sus potestades la posibilidad de cambiar esa normativa.
Señala, sin embargo, que ya se han dado pasos para regularizar la situación de los interinos, como sucedió en los años 2000 y 2001, cuando se permitió que, mediante una memoria por el desempeño de su trabajo, se consolidaran puestos de trabajo. Además, en las mesas sectoriales se han consolidado más de tres mil puestos, y, como señala Nuez, la Consejería de Educación tiene previsto aportar a Sanidad su tasa de reposición para facilitar el proceso.
Por su parte, Sunil Lakhwani, representante de la mesa de confluencia de facultativos y médicos, asegura que con la propuesta que les ha hecho el Gobierno canario muchos trabajadores con más de diez años se pueden ver en la calle. Recuerda que el objetivo de la movilización es que los trabajadores “abusados” acaben accediendo a la fijeza, pero el problema de la fórmula del Gobierno es que “es abierta y de libre concurrencia, y a pesar de los cinco puntos que se otorgan a los interinos, muchos se pueden quedar en la calle con cinco o diez años trabajando”.
Sobre la capacidad del Ejecutivo regional para legislar, señala que la plataforma ha consultado a un despacho de abogados constitucionalistas “que no tienen ninguna duda de que se puede legislar aquí como se hizo en Castilla y León”. Afirma que “poderse se puede, pero otra cosa es que se quiera”.