El director general de Ordenación, Promoción y Formación Turística del Gobierno de Canarias señala que si no se aprueba el anteproyecto de Ley con sus planteamientos actuales se retirará y dará paso a otra persona.
El director general de Ordenación, Promoción y Formación Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, asegura que, con el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, «no habrá ni una vivienda vacacional más sin planeamiento».
«No es café para todos»
«No es café para todos», afirma Rodríguez, que apunta que el anteproyecto de Ley contiene muchas «líneas rojas», como la prohibición «categórica» para los para-hoteles «que hurtan el uso residencial», para las viviendas de protección oficial, para aquellas que se ubiquen en asentamientos agrícolas y para aquellas que estén en lugares donde donde no se puede ubicar una vivienda residencial. Asimismo, las que se encuentren en apartamentos turísticos son «ilegales e ilegalizables», por lo que tendrán que retornar a su uso turístico tradicional.
Crecimiento y decrecimiento
Recalca que los grandes tenedores que ahora están construyendo «han llegado tarde» pues si no tiene primera ocupación cuando entre en vigor la ley «la prohibición será absoluta y radical».
Considera que con esta Ley debería ir desapareciendo la proliferación de alquiler vacacional en muchas zonas. Pone el ejemplo de Sevilla, que ha establecido una zonificación de la ciudad, con barrios donde se admite el crecimiento de esta modalidad turística y otros en los que se prevé el decrecimiento.
Ahora «achuchan más»
Sobre la tramitación de la ley, asegura que no siente presión porque no se deja presionar, pero reconoce que no es ajeno al entorno social, mediático y político y ahora «achuchan más».
Señala que no se trata de presionar, sino de ofrecer alternativas mejores que las que hay y, «hasta ahora, salvo excepciones, no he encontrado nada mejor que la actual redacción del borrador de la ley».
La voluntad del Parlamento
No obstante, recuerda que la decisión final le corresponde al Parlamento de Canarias. En el caso de que la ley no se apruebe en sus actuales planteamientos, volverá a su puesto de trabajo, porque aquello en lo que cree y en lo que ha trabajado no tiene el aval: «Me retiraré y daré paso a otra persona que realice una formulación más acorde a la voluntad del Parlamento».