Pablo Rodríguez: “Es difícil explicar un superávit de 232 millones en plena pandemia”

Pablo Rodríguez en el Parlamento de Canarias | Foto: Coalición Canaria

Pablo Rodríguez en el Parlamento de Canarias | Foto: Coalición Canaria

El secretario general de CC en Gran Canaria señala que el dinero se debió haber usado para atender las necesidades de trabajadores, empresas y autónomos.

El presidente del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento regional, Pablo Rodríguez, considera “difícil de explicar” el superávit de 232 millones de euros de la Comunidad canaria en el pasado ejercicio de 2020. 

Rodríguez recuerda que, en pasadas legislaturas, el hoy consejero de Hacienda, Román Rodríguez, censuró a los gobiernos de Coalición Canaria por ser “campeones de la responsabilidad” y saldar los ejercicios con superávit. Sin embargo, señala que en esos momentos no se estaba en el curso de una pandemia y se tenían las limitaciones del techo y las reglas de gasto, que impedían disponer del superávit: “Ahora ya no hay regla de gasto y podían usarlo en medio de una pandemia, cuando muchos autónomos han tenido que echar el cierre y mucha gente se ha ido al paro”. 

Junta de control de RTVC

En otro orden de cosas, Rodríguez considera que antes de abordar la contratación de los equipos para los servicios informativos de la Televisión Canaria, es preciso proceder a la constitución de la junta de control del ente público. Afirma que han sido los partidos que apoyan al gobierno los que llevan retrasando los nombramientos desde hace más de un año, “lo cual es grave y hay que preguntarse qué esconde este retraso”. Recuerda que el administrador de la televisión, Francisco Moreno, ha dicho que no se firmará ningún  contrato hasta que no se constituya esa junta de control.

Cementera San Bartolomé de Tirajana  

El secretario general de CC en Gran Canaria discrepa de la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, y se posiciona en contra de la continuidad de la concesión de la cementera Ceisa en el muelle de Santa Águeda. 

Señala que no le vale el argumento de arraigo que aduce Narváez, porque “se tiene que cumplir la ley, que impide la prórroga de esta concesión”. Apunta que, además, el plan de ordenación del territorio plantea el cambio de uso industrial de una zona “en la que se genera mucha riqueza en torno al turismo”. 

Considera que la posición del Cabildo de Gran Canaria es aún “más incomprensible” porque en los seis años que lleva Nueva Canarias al frente del gobierno no han modificado los planes territoriales e insulares que recoge el traslado de la cementera de El Pajar: “A lo mejor [el presidente de la corporación, Antonio Morales] teme que le pongan la cementera en Arinaga”.