Pablo Rodríguez, secretario general de CC en Gran Canaria, afirma que el Cabildo y el Ayuntamiento de San Bartolomé defienden intereses particulares.
Un dictamen jurídico elaborado por los juristas Francisco Villar y Andrés González, a propuesta de la Federación de Empresarios, Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) señala la inviabilidad de la continuidad del uso industrial del puerto de Santa Águeda en San Bartolomé de Tirajana por su incompatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que lo destina al uso náutico-deportivo. Por tanto, indica el informe, no se debe prorrogar la concesión a Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) para seguir disponiendo de este espacio público.
Intereses personales en la cementera
Pablo Rodríguez, secretario general de CC en Gran Canaria, señala que este informe contradice la posición del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y de algunos consejeros de la corporación, que “parecen tener un interés particular y no un interés general” en esta concesión. A esto se añade, indica Rodríguez, la “complicidad y dejadez” del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que debería defender el uso turístico de ese espacio “como una joya de la corona”.
En su opinión, el problema surge de las “relaciones personales y laborales” de algunos miembros de los partidos que gobiernan en el Cabildo y en el Ayuntamiento con la cementera.