El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia respondió a la denuncia vertida por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública
Después de que, en el día de ayer, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) denunciara que "no es de recibo que centros privados o concertados obtengan, en mayor o menor medida, una rentabilidad económica de esa sangre que compran a una entidad pública" su vicepresidente, Guillermo de la Barrera, ha matizado en El Espejo Canario que “no se está hablando de una venta tipo negocio, sino una venta real”, extremo que el propio Instituto Canario de Hemoterapia y Hemodonación (ICHH) habría avalado tras salir al paso de esta denuncia puntualizando que “el procesamiento de la sangre conlleva unos gastos que se repercuten en el que la usa”, tanto si se trata de un centro público —en cuyo caso, gastos asumidos por el Servicio Canario de Salud— como privado —sufragados entonces por las aseguradoras médicas o por el beneficiado final.
La denuncia de la ADSPC se fundamenta, según De la Barrera, en que “los esfuerzos que está haciendo el Servicio Canario de Salud (SCS) para suministrar sangre a centros privados a través del ICHH” no está obteniendo la ‘devolución’ que le correspondería, por lo que reclama un compromiso por parte de dichos hospitales y, en paralelo, “una campaña real de buscar donaciones” dada la cronificación de la falta de sangre en Canarias.
“La culpa de que no haya sangre no es culpa de los ciudadanos” que se vuelcan cuando se les pide, ha puntualizado el vicepresidente de la ADSPC, sino de “una política insuficiente o errónea por parte del ICHH para captar donantes”. De la Barrera, quien insistió en matizar que su asociación no ha denunciado “un negocio”, ya que la venta no se produce con fines lucrativos “y además sería ilegal”, se preguntó “por qué los bancos de sangre están siempre bajo mínimos” para justificar la necesidad de cambios en las políticas de captación de donantes. La ADSPC también demanda que se les exija a los hospitales privados tener sus propios bancos de sangre para no tener que recurrir al stock público del preciado material.
“Hay una mala gestión del sistema público”, continuó el vicepresidente para explicar por qué se suspenden intervenciones por falta sangre en hospitales de Tenerife, mientras que no ocurre así en los de otras islas.
Primero las urgencias vitales
Por su parte, la responsable de Promoción del ICHH, Elsa Brito, preguntada por el posicionamiento de la ADSPC, respondió que “no le hace ningún beneficio, ni a la sanidad pública ni a la privada”, recordando que “2009 fue el año que mayores donaciones hubo en Canarias”, fecha a partir de la cual empezaron a disminuir llegando al mínimo en 2014. “Afortunadamente, en 2015 y 2016 hemos remontado esa cifra”, dijo, mientras que, en lo que va de 2017, se está manteniendo esa tendencia al alza, lo cual significaría que la promoción —área de su responsabilidad— “está funcionando”.
Respecto a las prioridades para obtener sangre del ICHH, Brito destacó que “la donación de sangre está regulada en España a nivel nacional y a nivel europeo”, y que son los centros de transfusión de cada Comunidad Autónoma los encargados de gestionar todo lo relacionado con ella, incluida su distribución, por lo que ve inviable la propuesta de que los hospitales privados dispongan de sus propios bancos de sangre. “Lo que prioritariamente atiende el ICHH son las urgencias vitales se produzcan donde se produzcan”, explicó, “en segundo lugar, las peticiones de los hospitales públicos del SCS (92%) y, en tercer lugar, a los privados que lo requieran (8%)”.
“Lo que ha ocurrido estos días [suspensión de intervenciones por falta de sangre en los hospitales tinerfeños] es que ha habido un aumento de la demanda con unos picos importantes” debido a urgencias imprevistas y porque, a diferencia de otras épocas, “en Canarias se están realizando más intervenciones y trasplantes”, dijo Brito. En cuanto al problema de “stockage bajo mínimos” resaltado por De la Barrera, la responsable de Promoción del ICHH hizo hincapié en que “la sangre caduca”, por lo que no se puede tener grandes cantidades almacenadas.
Igualmente, Elsa Brito puntualizó que “lo que se cobra, tanto a las clínicas privadas como a las públicas, son los costes del tratamiento de la sangre (analítica, transporte, mantenimiento o campañas de promoción)”.