Sergio Martín, vicepresidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, indica que la norma es demasiado restrictiva y dificultará el ejercicio de la profesión.
Los veterinarios canarios han entregado al Delegado del Gobierno en Canarias más de 20.500 firmas que rechazan el decreto 666/2023 de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
Sergio Martín, vicepresidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, entiende la filosofía de la norma, que es evitar el uso generalizado de antibióticos, debido a la resistencia que se puede generar a esos medicamentos, pero no entiende semejante nivel de restricción que afecta a profesionales que han tenido que estudiar sobre el uso de estos fármacos.
Señala que con esta norma no podrán desarrollar su profesión con criterios científicos, sino que tendrán que dedicarse a cumplir trámites administrativos. En resumen, indica, la norma supone «criminalizar» a la profesión al tiempo que favorece a laboratorios y la industria farmacéutica, al obligar a los veterinarios a prescribir medicamentos para que sean comprados en las oficinas de farmacia.