Su presidenta, Carmen Laucirica, afirma que la falta de personal de la Consejería no puede ser una excusa para una redacción tan manifiestamente deficitaria.
La presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Canarias), Carmen Laucirica, denuncia las graves insuficiencias del catálogo canario de servicios sociales que el pasado 9 de julio concluyó su tiempo de exposición pública.
Laucirica señala que la Ley de Servicios Sociales de 2019 generó muchas expectativas y a partir de ellas se crearon mesas de trabajo para su desarrollo. Sin embargo, estos encuentros se vieron interrumpidos, entre otras razones por la pandemia de la covid-19, y ahora han observado con estupefacción que la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario ha sacado a exposición pública un documento en el que no se han tenido en cuenta sus aportaciones y que, a juicio de Cermi Canarias, contiene errores como no recoger los derechos que ya disfrutan las personas en los centros gestionados por gobierno y cabildos.
“Situaciones terribles”
El colectivo teme que después de este tiempo de exposición no se recojan sus reivindicaciones, algo más grave cuando Canarias es la última región a nivel nacional en aprobarlo. Afirma que los canarios tienen los mismos derechos que las personas de otras comunidades, por lo que piden que se recojan los derechos ya existentes y que se cubran otros para poner remedio a “situaciones terribles”.
Laucirica desconoce si ha sido un problema de falta de tiempo, pero considera que eso no puede ser excusa para que no se escuchen las reivindicaciones de un colectivo de más de 5000 personas, con muchas organizaciones que llevan décadas en el sector y con trabajadores que conocen bien la problemática. Considera que si el catálogo no se podía aprobar en el plazo de seis meses debido a la falta de personal, no había ningún motivo para no extender el trabajo un año y asegurar así que el catálogo fuera más completo.
Mentalidad asistencialista
Señala, además, que la actual redacción del documento no supera la tradicional “mentalidad asistencialista”, pues apenas se recogen medidas que redunden en la promoción de la autonomía de muchos discapacitados, ya que la gran mayoría no son grandes dependientes.
Insiste, no obstante, que estos errores no son de exclusiva responsabilidad del actual Gobierno, pero no deja de apuntar que el departamento que dirige Noemí Santana “tiene ahora en la mano la posibilidad” de revertir la situación.