Su presidenta en Canarias, Carmen Laucirica, recuerda que la situación en las islas afecta a más de 17.000 personas, muchas de las cuales morirán sin recibir ayuda.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, más conocido por sus siglas, CERMI, ha planteado al Ministerio de Asuntos Sociales establecer un procedimiento de urgencia para la valoración del grado de dependencia, ante la situación de emergencia que se observa en todo el país.
17.000 personas afectadas en Canarias
La presidenta de la organización en Canarias, Carmen Laucirica, recuerda que en Canarias se está tardando unos veinticuatro meses en las valoraciones, algo que afecta a más de 17.000 personas, «cifras que si bien no nos ponen en el último lugar, son alarmantes y mejoran muy poco».
Entiende que se trata de una situación heredada que es muy difícil de arreglar «de un año para otro», máxime cuando hay una evidente falta de personal «que no puede servir de excusa». No obstante, reconoce que hace falta personal técnico que sea capaz de llevar a cabo una evaluación: «Ha llegado el momento de dejar de ser suaves con la calificación de estos retrasos en la tramitación de la dependencia».
Una situación «muy dura»
Recuerda que se habla de personas necesitadas de apoyo inmediato, porque estas ayudas no se piden con carácter previo, sino para situaciones que ya están presentes y que, en muchos casos, lleva a que las personas mueran sin recibir las ayudas: «Es una situación muy dura».
Por este motivo, Cermi aboga por un procedimiento de urgencia que permita atender de forma preferente las situaciones de mayor vulnerabilidad.
Etiquetado inclusivo
Asimismo, Cermi ha pedido al Ministerio de Consumo que acelere la aprobación de etiquetado inclusivo y en braille en los productos. Laucirica señala que si muchas personas no pueden leer los etiquetados, podrían confundir una botella de agua con una de lejía.
Señala que no es raro añadir a las etiquetas su denominación en braille, algo que se está haciendo en otros servicios: «Las personas con discapacidad son ciudadanos de pleno derecho, amparados por la Constitución».