José Ángel Hernández, secretario general de la FET, señala que los empresarios no pueden hacer frente al incremento de los precios del combustible.
El próximo 9 de enero se retoma el curso escolar con la dificultad de saber si, finalmente, se producirá el anunciado paro en el transporte escolar. El secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte (FET), José Ángel Hernández, señala que el paro obedece al incumplimiento de los compromisos económicos por parte de la Consejería de Educación del Gobierno canario. Recuerda que existe un acuerdo para la actualización de los precios cada año conforme al IPC, algo que no se ha aplicado en los últimos años.
A este respecto, recuerda que, el pasado mes de septiembre, iniciaron el curso en la confianza de que se resolvería la cuestión, pero, desde entonces, no se han tomado ninguna de las medidas comprometidas “y en esta ocasión queremos dar un toque de atención”.
Señala que está previsto que este miércoles la Consejería les remita un documento para tratar de alcanzar un acuerdo, algo que se valorará en la asamblea que los transportistas celebrarán este jueves.
Los transportistas canarios realizan 1.550 rutas de transporte escolar que dependen de la Consejería y mueven a 40.000 niños con 450 guaguas, que dan trabajo a unas 18.000 personas.
Dificultades para las familias
Sergio de la Fe, presidente de la Federación de AMPAS de Gran Canaria, indica que el problema del transporte escolar es algo recurrente que ya se abordó en el primer pleno del Consejo Escolar de Canarias celebrado en septiembre.
Afirma que este paro puede ocasionar que muchas familias no puedan llevar a sus hijos al colegio, sobre todo en aquellos centros más afectados por dificultades orográficas. Recuerda que, como el transporte escolar no se considera un servicio esencial, no se establecerán servicios mínimos: “Es un nuevo palo en la rueda en la conciliación familiar”.