Onán Cruz, director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias, señala la necesidad de descargar los trámites burocráticos para agilizar los procedimientos.
El Gobierno canario aborda la actualización de la Ley del Suelo a través de las recomendaciones de más de 700 técnicos y profesionales, según señala Onán Cruz, director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial.
Aprobada en el año 2017, en todos estos años de aplicación se la norma se han planteado distintas dificultades y la necesidad de actualizar algunos aspectos y «quiénes mejor que los técnicos y profesionales de las administraciones públicas, colegios profesionales y otros del sector privado» para hacer las aportaciones..
Indica que las propuestas han sido muy variadas, desde las que han hecho los municipios con retos demográficos, que pedían mejoras en ciertos aspectos, y los de municipios más grandes, que sufrían problemas de otra índole. En lo que todos han coincidido, señala Cruz, es en la necesidad de descargar la burocracia y agilizar los procedimientos, con planes generales que tardan en tramitarse más de diez años.
Otro de los problemas que se tratan de resolver en esta actualización es el de las ordenanzas provisionales y su interpretación, «para que sean lo más sencillas posible».
764.000 euros para la regeneración urbanística de La Palma
Asimismo, Cruz indica que Política Territorial ha transferido 764.000 euros para la regeneración urbanística de los espacios afectados por el volcán de La Palma. Se trata de dotar a los municipios afectados y al Cabildo de una subvención para adaptar los planeamientos a la nueva realidad y ayudarles a la contratación de equipos para registrar los cambios en el territorio.
De la misma manera, se ha iniciado la delimitación del espacio natural protegido del volcán de Tajogaite, un proceso que se desarrollará en dos fases. La primera consiste en hacer delimitación del espacio, protegiendo la denominada zona cautelar, con interés científico, que merece la protección debido a sus características y valores geológicos y no al afán de «proteger por proteger».
Una vez se delimiten, las competencias pasan al Cabildo insular que tendrá que autorizar los distintos usos y ver qué actividades se pueden desarrollar en esos espacios naturales.
Plan de acción de la Agenda Urbana y Rural
También en La Palma, Política Territorial ha presentado a los catorce municipios el plan de acción de la Agenda Urbana y Rural. Se trata de un programa piloto para dotar a los municipios con déficit de personal técnico, de tal forma que puedan identificar dónde actuar en los municipios y que sirva de base para acudir a las distintas subvenciones para las renovaciones urbanas.