El Consejo hace suya la propuesta de obras de los consejos insulares y solicita su declaración de interés general, tal y como recogen las leyes de aguas de Canarias y el Estado.
El Consejo de Gobierno de Canarias ha respaldado el acuerdo adoptado por los siete consejos insulares para requerir al Estado la declaración de interés general de 127 obras hidráulicas por importe de 1.401 millones de euros, condición indispensable para ser incluidas en el convenio de obras hidráulicas y promover su financiación con cargo de los presupuestos generales del Estado, como determina la vigente legislación hidráulica.
El listado de proyectos fue consensuado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas con los siete cabildos durante la última reunión extraordinaria de la comisión permanente del agua, celebrada el pasado 28 de noviembre. En dicho encuentro, las siete corporaciones insulares expresaron su respaldo unánime a la reivindicación de un nuevo convenio de obras con el Estado, tras el incumplimiento del acordado en 2017 por importe de 915 millones de euros.
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, recordó que el Estatuto de Autonomía, en su artículo 152, establece como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la planificación y programación de las obras de interés general que se establezcan en el correspondiente convenio de colaboración. Y tanto el texto refundido de la Ley de Aguas del Estado como la Ley de Aguas de Canarias reconocen que dichas obras de interés general serán propuestas por la administración de la Comunidad Autónoma, su ejecución conveniada por la Administración General del Estado, y su financiación cubierta con los presupuestos generales.
La relación de obras que se incluirán como anexo durante la negociación de dicho convenio con el Estado abarca todos los objetivos marcados por la planificación hidrológica. Ello incluye, por ejemplo, obras que persiguen garantizar el abastecimiento tanto a la población como al sector primario. También aquellas que tienen como objetivo completar las redes de saneamiento y mejorar la depuración de aguas residuales, entre las que se encuentran las que se proyectan para dar respuesta a demandas de la Comisión Europea por incumplimientos en este sentido. Por último, cabe destacar los proyectos cuya finalidad es la protección frente a inundaciones en zonas habitadas.