Según el secretario de acción sindical en Intersindical Canaria, César Merino, "la administración, como responsable del servicios, tiene que fiscalizar a las empresas que contrata".
La huelga, convocada para este miércoles 10 de enero, obedece a que ya “se han superado todos los límites de la normalidad en una relación laboral”. Así, señala, los trabajadores llevaban dos meses sin cobrar de una empresa que “cobra puntualmente del Ayuntamiento”, según afirmó la concejal responsable en rueda de prensa.
Los trabajadores ya han denunciado ante la inspección de trabajo la posible cesión ilegal de los 7 trabajadores en situación irregular por si fuera constitutiva de infracción laboral. A pesar de estas denuncias, los trabajadores no han sido convocados por el Ayuntamiento, que se limita a señalar que “como la situación está judicializada esperarán la resolución de los tribunales”.
Merino indica que la huelga tiene la finalidad de “hacer visible el problema” y conseguir que cesen “las hostilidades de la empresa hacia los trabajadores” así como que se readmitan a los despedidos.