El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales apela a “un gran pacto” para superar el “cruel sufrimiento” que la Administración canaria está causando a las personas más vulnerables con su "nefasta" gestión.
Sólo se incorpora un beneficiario cada dos días al sistema de Dependencia de Canarias, lo cual significa que se tardará 66 años en incluir a las 12.864 que están, a día de hoy, en lista de espera, la más alta del país: “Desde que se inició hace más de diez años, el Sistema de Atención a la Dependencia de Canarias siempre ha sido el menos desarrollado, el que peor ha funcionado y el más desatendido”, ha dicho a los micrófonos de El Espejo Canario el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales (ADGS), José Manuel Ramírez, lo cual se traduce en “un 43% de personas que tienen derecho a recibir una prestación o un servicio pero no lo reciben”.
Ramírez calificó de “sufrimiento cruel” el que proporcionan las administraciones del Gobierno de Canarias y de España —“gobiernos insumisos porque no cumplen la Ley”— ya que, en muchos casos, dichas personas fallecen sin percibir “su derecho, no una ayuda”, por lo que no dudó en afirmar que “los dependientes canarios son los más desprotegidos del país”. El presidente auguró que, a pesar de ser datos oficiales, los responsables de la sanidad pública intentarán “desacreditar al medio [que los publica] o a las asociaciones” que los denuncian, cuando lo que tendrían que hacer “es poner el dinero para atender a las personas más vulnerables”.
“Canarias además tiene la desgracia”, continuó Ramírez, “de que una persona tiene tres veces menos posibilidades de ser atendida que en cualquier otra Comunidad Autónoma”, tasando el segmento de población atendida en un 0,83% frente al 3,48% de Castilla-León, señalando la “desidia e impericia” de Inés Rojas [consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias 2007-2015, Coalición Canaria] como responsable de la “nefasta” gestión que realizó. A pesar del “repunte que se produjo el año pasado”, atendiéndose a casi 3.000 personas (8-9 diarias) y generando cierta esperanza, en el primer cuatrimestre de este año el ritmo ha vuelto a decaer a 1 persona cada dos días.
El presidente de la ADGS negó que Canarias haya sido perjudicada en la financiación autonómica frente a otras comunidades ya que esta se realiza por “un nivel mínimo capitativo” que afecta a todas por igual, por lo que el Gobierno “no tiene excusa alguna” para justificar la desatención, salvo “la consejera Patricia Hernández [PSOE]” a la que “los datos oficiales reconocen que atendió a 2.965 dependientes nuevos”. En los tres primeros meses de 2017 “los datos fueron negativos”, y en “el último mes se han atendido a 65 personas”.
Ramírez, que apeló “a un pacto canario por la Dependencia para recuperar el retraso causado en estos diez años”, recordó que el Archipiélago “solo tiene 13 personas que reciben ayuda a domicilio”, una fórmula que no sólo descargaría la falta de plazas en residencias —sistema “caro e ineficiente”— sino a “las mujeres, las grandes sometidas por el impacto de género que tiene esta Ley”, además de que los dependientes podrían ser atendidos en un entorno familiar más amable. Del mismo modo, aportó diversas soluciones para la contratación del personal que desarrolle la atención domiciliaria.