La situación irregular de estas personas no les permite acceder a cualquier tipo de ayudas para mitigar el impacto económico y social durante el actual estado de alarma.
Un total de 112 colectivos y organizaciones han exigido al gobierno del Estado la regularización de las alrededor de 600 mil personas que se calcula -“se encuentran en una situación administrativa irregular en el Estado español y que han quedado fuera de los paquetes de medidas aprobadas para mitigar el impacto económico y social lo que agrava, aún más, sus condiciones de vida”, según la portavoz de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados de Valencia, Dolores Jacinto.
Desde esta red antirracista, denuncian que la crisis sanitaria, económica, social y de cuidados por el Coronavirus ha puesto en evidencia, por una parte, los efectos de las políticas de ajuste de los últimos años en los ámbitos sanitarios, sociales, laborales, económicos etc. y por otra, el agravamiento de las condiciones de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, dentro de ellas la población migrante sin papeles.
Según denuncia Dolores Jacinto -“en la actualidad existen personas que ya no tienen que comer, otras familias han sido desalojadas de sus casas al no disponer de dinero para pagar el alquiler e incluso temen salir a la calle ya que se están siendo identificados por consideración racial”.