Las periodistas Marian Álvarez y Javier Moreno debaten sobre las últimas decisiones gubernamentales y judiciales sobre la gestión de la pandemia.
Moreno señala que cuando se evalúan las políticas públicas, lo cual incluye las sentencias judiciales, suele ser tentador apelar a su racionalidad. Es decir, las analizamos buscando su “lógica”. En el caso del derecho, se trata de dirimir si un estado de alarma es el instrumento adecuado para un confinamiento, lo cual implica devanarse los sesos para ver su encaje en el ordenamiento jurídico. Si no encaja, se declara su inconstitucionalidad, con independencia de que la realidad muestre que esa medida supuso salvar miles de vidas. Sin embargo, afirma el periodista, “salvar miles de vidas no es competencia del Tribunal Constitucional”.
Fue el economista Amartya Sen el que acuñó la expresión “bobos racionales” para referirse a esas personas que toman decisiones basadas en una supuesta racionalidad que no tiene en cuenta las consecuencias previsibles y que suele causar un mal mayor que el que pretende evitar.
Racionalidad y razonabilidad
Para Moreno, uno de los problemas de la gestión de la pandemia es la enorme cantidad de “bobos racionales” que ocupan sillones institucionales, desde el Gobierno central al canario, desde el Tribunal Constitucional al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La alternativa, señala el periodista, es que, además de “racionales, y eso, si acaso”, nuestras autoridades fueran también “razonables”, es decir, que tuvieran en cuenta que sus decisiones se aplican a “casos reales, a vidas, enfermedades, sufrimientos concretos de personas concretas”.