Hablamos con Inmaculada González, profesora titular de la ULPGC, sobre las conclusiones del I Congreso Internacional de Economía Colaborativa celebrado en Las Palmas de Gran Canaria.
González, que es también directora del Grupo de Investigación de Turismo, Ordenación del Medio Ambiente (TOTMA) del Instituto Universitario Ecoaqua, señala que uno de los aspectos debatidos fue el de si esta actividad podía ser encuadrada en la economía colaborativa, lo que implica que deba ser regulada como negocio o con una legislación más flexible. Se llegó a la conclusión de que buena parte de esta explotación, en torno a un 40%, se hace por profesionales, lo que obliga a distinguir entre ambas modalidades de actividad.
En cuanto a las necesidades legislativas, González, considera que hay que buscar medidas paliativas del engorro burocrático para los particulares y mayor control sobre los profesionales. Sin embargo, asegura que a día de hoy "solo se están poniendo parches sin dar respuesta a nadie". Recuerda que, salvo en Baleares, las administraciones no se han reunido con los distintos agentes, incluidos los vecinos. Señala que en Canarias ni siquiera se ha sentado al sector.
Denuncia que el Decreto de vivienda vacacional del Gobierno de Canarias, impidiendo el desarrollo de la vivienda vacacional en zonas turísticas, desplaza el problema a otras zonas del territorios: "Se prohíbe aquello que se demandaba solo en las zonas turísticas, para permitir el monopolio exclusivo del negocio hotelero y extrahotelero". Señala que en el Congreso se defendió la necesidad de que fuera la propia ciudadanía la que "tiene que dejar de quejarse y actuar a través de las denuncias para que se inicien los expedientes y se sancione o se cierre si la vivienda no está en regla".
Señala, por otro parte, que es "muy difícil" dar una solución y que hay que buscar la legislación "menos mala", algo que se consigue "sentándose y hablando". En cualquier caso, afirma, se ha de tratar siempre como una industria turística, sean de particulares o de profesionales, por lo que "hay que tener presente el legítimo interés del residente". Considera que en Canarias "vamos tarde" y es posible que Europa "nos acabe imponiendo la legislación", la cual va "en sentido muy distinto a como lo hace el Gobierno canario o el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria".